La Corte Suprema de Justicia sugirió a los diputados proteger el derecho a la intimidad y la privacidad de los empresarios en relación con el proyecto de ley que busca imponer gravámenes a los casinos.
Específicamente, el órgano judicial advirtió sobre el acceso a los datos financieros que contempla el plan 17.551.
El artículo 4 de dicha propuesta autoriza la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas a “tener acceso a los libros, registros, archivos, documentos y cualquier información de interés financiera relacionada con el ejercicio de la actividad”.
Los jueces alegaron que la redacción de dicho artículo es “sumamente abierta” y que no deja claros los motivos para permitir la apertura de la información.
Además, adujeron que el registro de esa información es competencia exclusiva de un juez.
Por esos motivos, los magistrados recomendaron a los diputados “delimitar, reestructurar o eliminar el artículo 4”.
El presidente de la Asociación de Casinos, Jorge Hidalgo, se mostró a favor del pronunciamiento de la Corte.
“Nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones. No hay nada que inventar, para eso están las leyes que establecen las condiciones en las cuales esa información puede ser recopilada”, dijo el empresario.
Hidalgo recalcó que la agrupación rechaza el proyecto en su totalidad porque le observan inconsistencias.
La propuesta establece que los casinos y otras casas de juego paguen un 25% de sus ingresos en impuestos.
Que avance. El tributo a los casinos fue una idea que impulsó la presidenta de la República, Laura Chinchilla, desde antes de asumir su mandato, con el fin de invertir más recursos en seguridady para combatir la delincuencia. Sin embargo, el plan no caminó y la oposición presentó un nuevo proyecto.
Ahora, la intención primordial de los opositores es que la nueva iniciativa avance en el Congreso.
Así lo enfatizó el diputado Víctor Hernández, del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC).
“Antes de que vaya a ser un tropiezo, lo mejor es que se hagan las correcciones. Desafortunadamente, ese es un mercado en el que hay que vigilar el narcotráfico y el lavado de dólares, de ahí que se buscaba la injerencia de esos organismos”, explicó.
Luis Fishman, diputado del del PUSC y presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, coincidió en que lo más importante es que el plan camine.
“Yo estaría completamente de acuerdo en acoger la recomendación. Lo esencial en nuestra propuesta es dotar de recursos al Ministerio de Seguridad Pública y sobre eso nos hemos enfocado”, aseguró el diputado.