A pocos metros del parque Central de San Isidro, Vázquez de Coronado, una panadería y dos tiendas de ropa (una de ellas infantil) son resguardadas por tres guardas armados de seguridad privada.
“Muchos locales ponen rejas, pero eso mata el negocio. Mejor pongo el guarda, aunque salga más caro. La gente se siente más segura”, dijo el dueño de la panadería Santa Rita, Marco Tulio Tenorio.
“Nos han tratado de asaltar tres veces en diferentes horas”, respondió cuando se le cuestionó por la presencia del vigilante.
Los dueños de los negocios pagan entre ¢400.000 y ¢500.000 mensuales a una empresa de seguridad privada para que los celadores se aposten al frente de sus negocios.
“He recibido cinco asaltos con pistolas nueve milímetros”, indicó Heimer Mora, dueño de la tienda Keny, mientras enseñaba la marca que le dejó en el cuello un disparo recibido en un atraco.
Por su parte, Maribel Sánchez, la dueña de la tienda Pícaros, aseveró que ha perdido al menos ¢10 millones en tres robos.
El dueño de la panadería enfila sus comentarios hacia el Estado: “Uno agarra a los maleantes y a la hora andan sueltos, porque según la ley el delito es poco”, además de citar que la policía llega tarde.
Hoy, hace un año, la presidenta Laura Chinchilla dedicó su discurso de fondo del 15 de setiembre a encender todas las alarmas por el estado de la delincuencia en el país.
“Soplan ya en nuestro suelo los vientos de violencia que se despliegan con furia en otros países de Centroamérica”, dijo entonces.
Chinchilla clamó por el apoyo de los poderes Legislativo y Judicial para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico. Al Congreso le pidió su apoyo a proyectos para aportar más recursos a la seguridad y a los jueces los invitó a adaptar sus criterios a las condiciones actuales de la delincuencia.
Un año después, la presidenta reconoce acciones positivas incluso en el poder más complicado, la Asamblea Legislativa, aunque no al ritmo que ella quisiera.
La defensora de los habitantes, Ofelia Taitelbaum, estimó que, si bien han existido esfuerzos, el problema no está controlado.
“Todo el mundo está en deuda, no solo el Ejecutivo. Los tribunales detienen y sueltan a personas peligrosas”, afirmó la defensora, al tiempo que consideró lamentable la decisión del Congreso de frenar un impuesto para la seguridad.
“Necesitamos también que la sociedad reaccione. Todos tenemos una gota de culpa. Hay un deterioro social. El Gobierno debe tomar cartas en carencias de vivienda, educación, lo que sin lugar a dudas conduce a estos problemas”, añadió.
En ello coincidió el politólogo Constantino Urcuyo, para quien lo más importante es el combate a la desigualdad.
Recursos en espera. Solo un proyecto de gobierno para financiar la seguridad ha sido aprobado en la Asamblea Legislativa. Se trata de un tributo anual de ¢158.000 a las sociedades jurídicas. Sin embargo, los diputados frenaron el proyecto al consultarlo a la Sala IV.
Otro plan para crear un tributo a los casinos, mencionado por la presidenta hace un año, ni siquiera fue incluido por el Poder Ejecutivo en la agenda legislativa.
La mandataria sostuvo que le dieron prioridad al impuesto a las sociedades jurídicas, pero no han renunciado al gravamen a los juegos de azar. “Seguiremos adelante tramitando el de casinos”, dijo.
Lo que sí generó una crítica presidencial hacia el Congreso fue la decisión de no aprobar el ingreso de buques de la Armada de Estados Unidos. “Envía una señal a las bandas criminales. La mayor amenaza a nuestra soberanía proviene del crimen transnacional organizado, no de los países con los que hemos establecido acuerdos de patrullaje conjunto”, comentó.
Luis Fishman, jefe de fracción del PUSC, sostuvo que el Poder Legislativo ha hecho su tarea, pero el Ejecutivo no tenido interés en proyectos como el de casinos y otro para que el Estado disponga, de inmediato, de los bienes decomisados al narcotráfico.
Luis Paulino Mora, presidente de la Corte Suprema de Justicia, también consideró que el Poder Judicial ha cumplido con su parte en el combate contra el crimen.
¿Usted ha recibido las herramientas del Poder Legislativo para luchar contra ese tema?, se le preguntó. “Estamos pidiéndole siempre al Poder Legislativo nuevas leyes”, respondió. ¿Les ha cumplido el Congreso? “Bueno, mejor eso pregúnteselo usted a la gente del Congreso”. ¿Pero no le han quedado debiendo, entonces? “Perdone” , dijo y dejó la conversación.
En la Asamblea, por ejemplo, se tramita un proyecto de la Corte que podría extender los plazos de prisión preventiva para menores de edad sospechosos de un crimen.
Para el fiscal general, Jorge Chavarría, tienen suficientes armas legales para actuar, pero lamentó que el Ministerio Público no posea más plazas debido a la situación fiscal. Destacó que hay más coordinación con la Fuerza Pública.
En el plano de la cooperación, la presidenta sostuvo que la comunidad internacional reaccionó positivamente con portes de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Colaboró el periodista Esteban Mata