Una sentencia dictada ayer por el Tribunal Contencioso Administrativo, en Goicecoechea, les permitirá a los indígenas bribris de Keköldi recuperar las porciones de su reserva que están invadidas por no indígenas.
Dicho territorio, ubicado en Hone Creek, Talamanca, se creó en 1977 y se modificó vía decreto en 1997 y el 2001.
En la lectura de la parte resolutiva o por tanto, los jueces señalaron omisiones por parte del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai), y ordenaron a ambas entidades efectuar los estudios y trámites necesarios para expropiar o reubicar a los no indígenas que residen ahí.
Esto, en cumplimiento de la Ley Indígena de 1977, que estipula que “los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO (hoy conocido como el IDA) en coordinación con la Conai”.
Mientras tanto, la resolución eximió de responsabilidad al Estado, tercer demandado por la Asociación de Desarrollo Indígena del territorio Keköldi.
Al Estado le corresponde gestionar el presupuesto necesario para pagar las expropiaciones. No obstante, por no contar con los estudios requeridos, los jueces consideraron que no estaba en capacidad de cumplir con esa labor.
“El Poder Ejecutivo no podría sustituir potestades o competencias de otros entes y tampoco podría hacerse responsable por el incumplimiento de estos”, argumentó la presidenta del Tribunal, Cynthia Abarca Gómez.
Sin embargo, también insistió en que “la obligación de recuperar terrenos en territorios indígenas que no estén siendo ocupados por personas indígenas viene impuesta por convenios internacionales como el 169 (de la OIT). El Poder Ejecutivo, como cabeza del Gobierno, debe adoptar las medidas necesarias para organizar al pueblo indígena de Keköldi”.
Celebración. El representante legal de los indígenas, Danilo Chaverri Barrantes, calificó el fallo como “histórico”.
“Es la primera vez que un tribunal le dice al Estado que toda la reserva tiene que ponerse en posesión del pueblo indígena y que debe iniciar con los procesos de expropiación y desalojo”, opinó Chaverri.
El abogado lamentó el hecho de que la sentencia diga que el Estado no ha incumplido, cuando, a su juicio, hay un convenio internacional que lo obliga justamente a entregar las tierras tradicionalmente indígenas.
La representante legal del IDA, Maribelle Aguilar, exteriorizó que no compartía la sentencia. Adelantó que apelará el fallo.
No se conoció el criterio de la Procuraduría General de la República (abogado del Estado), porque según la representante no tenía autorización para dar declaraciones. Ni siquiera su nombre.
Por su parte, el abogado del Conai, Salvador Arauz, no se presentó a la lectura del por tanto.
Los indígenas de Keköldi aún tienen pendiente un juicio ante el Tribunal Contencioso para reclamar la costa de Cocles.