La compañía estadounidense, Mallon Oil Company, presentó ayer un recurso de amparo contra el ministro de Ambiente, René Castro, para exigirle la firma de un contrato para explorar petróleo y gas natural en la zona norte.
La empresa acudió a la Sala IV luego de que Castro firmó, el mes pasado, un decreto que posterga para el 2014 el trámite de cualquier permiso para la extracción de petróleo en el país.
En el amparo, la firma estadounidense argumentó que el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) se niega a firmar el contrato, pese a que ganó un concurso público para explorar hidrocarburos hace 11 años y a que superó escollos legales incluso en la Sala Constitucional.
Según Mallon Oil, el gobierno viola los principios constitucionales de licitación pública, libertad de empresa, derechos patrimoniales adquiridos, justicia administrativa pronta y cumplida, así como los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
La compañía también presentó ayer un recurso de amparo contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) por haberle solicitado, en julio pasado, un nuevo estudio que precise los lugares de la zona norte donde se iniciaría la exploración de petróleo y gas.
Este medio intentó obtener ayer una reacción del ministro de Ambiente. Sin embargo, no fue posible localizarlo por teléfono ni por correo electrónico.
Los recursos de amparo fueron firmados por Pedro Oller Taylor, apoderado de Mallon Oil Company en Costa Rica.
Esa empresa ganó en el año 2000 un concurso del Minaet para explorar hidrocarburos en las llanuras de los cantones de San Carlos, Sarapiquí y Pococí durante 20 años.
Sin embargo, el contrato no fue firmado en ese momento debido a la presentación de recursos legales por parte de grupos opositores a la exploración.
El año pasado, la empresa ganó un último amparo en la Sala IV contra su estudio ambiental preliminar, con lo que vio el camino despejado para pedir a la administración de Laura Chinchilla, el pasado 6 de julio, la firma de la concesión.
En esa ocasión, los magistrados concluyeron que el estudio preliminar era válido porque la primera fase del proyecto se limitaba a la recopilación de datos existentes sobre la geología de la zona. Pero, luego Setena pidió un nuevo informe y se declaró la moratoria.