Las reiteradas advertencias que hicieron la Auditoría Interna, organismos internacionales, directivos y hasta empleados sobre el riesgo de que Racsa no resistiera a la competencia, no fue escuchada por los jerarcas del ICE.
Esa sordera, de más de cinco años, tiene hoy a la subsidiaria del ICE -especializada en dar servicio de Internet- en números rojos.
La empresa acumuló pérdidas por ¢5.735 millones entre mayo del 2010 y abril de este año.
En ese mismo período, los ingresos reales mantuvieron una merma sostenida, excepto en junio del 2010, cuando se dio un leve aumento.
Así consta en una carta que el auditor interno, Mario Sánchez, le remitió el 7 de junio de este año a la junta directiva de Racsa.
Sánchez alertó sobre el “incremento progresivo de las pérdidas” y la “situación adversa” que atraviesa Radiográfica sin visos de que la situación mejore en el corto plazo.
Este reporte forma parte de las múltiples cartas, informes, actas de junta y artículos de prensa donde se advierte sobre la necesidad de fortalecer Racsa y, el posterior fracaso en la ejecución de los acuerdos establecidos con el ICE para su aprovisionamiento.
La documentación fue recopilada por un equipo de asesores del diputado socialcristiano Luis Fishman. El legislador considera que en los últimos años ha habido una política sostenida para el desmantelamiento de Racsa.
No obstante, confía en que el nuevo jerarca del ICE, Teófilo de la Torre, pueda revertir la precaria situación de la subsidiaria, que tiene 317 empleados.
Por su lado, De la Torre reconoció que Racsa está pagando por la falta de decisiones idóneas y oportunas. Según dijo, la subsidiaria “pasará un tiempo accidentado”, pero confía en que saldrá a flote.
Alertas reiteradas. En junio del 2010, el auditor Sánchez manifestó en una carta al entonces directivo del ICE y Racsa, Mayid Halabí, que ha emitido nueve informes –uno por trimestre desde el 2008– donde alertaba sobre los problemas de coordinación entre el ICE y Racsa.
Esas dificultades afectaban a Racsa, pues le impedían poner en marcha el plan de inversiones aprobado por la misma junta directiva en mayo de 2008 y que constituían las herramientas para competir.
El auditor, además, se quejó de que sus alertas no generaban instrucciones a la Administración, pues la junta usualmente se limitaba a agradecer la información “y la daba por recibida”.
En aras de tener un panorama más claro, la Auditoría también contrató un experto de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para evaluar a Racsa.
El consultor entregó un informe al gerente general de Racsa, Alberto Bermúdez, en el cual evidenció varias carencias, entre ellas la falta de estrategias para que la empresa aumentara la cobertura geográfica del servicio y nuevos negocios.
El experto hizo una lista de recomendaciones de mejora, las cuales también fueron conocidas por la junta directiva, pero, según el auditor, tampoco han sido acatadas.
La Nación intentó obtener una versión del gerente general de Racsa, Alberto Bermúdez, pero el jueves su encargado de prensa indicó que no podía atender una entrevista porque tenía la agenda llena.
Fuga. La caída en los ingresos de Racsa proviene de la fuga de clientes del servicio de Internet hacia las empresas privadas.
Según datos de la Auditoría Interna, de 152.000 clientes residenciales solo quedan unos 50.000. Ahora también enfrenta la pérdida de clientes empresariales.
El 90% de los ingresos de Racsa provenían de la conectividad de Internet residencial y comercial, un servicio que la compañía daba a través de redes de las cableras.
Con la apertura de las telecomunicaciones, esas empresas optaron por utilizar su infraestructura para vender el servicio directamente. Pasaron de aliadas a competidoras de Racsa, que carece de red propia.
Esta condición ahora se pretende revertir con la construcción de una red de fibra óptica valorada en $360 millones, la cual permitiría ofrecer 360.000 conexiones de hasta 1 giga (1.000 Mbps).
El plan lanzado desde el 2008 luego fue frenado por el ICE. Racsa anunció hace dos semanas que De la Torre avaló el proyecto, pero que aún no lo aprueba la directiva.