Asegurar todos los activos del Estado frente a una emergencia provocada por desastres naturales.
Este es el plan del Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que incluye las viviendas de interés social, desprotegidas ante este tipo de amenazas.
“Queremos que haya una posibilidad de una transferencia del riesgo para que, con los recursos insuficientes del Estado, una reaseguradora venga y supla la pérdida”, dijo Vanessa Rosales, presidenta ejecutiva de la CNE.
El proyecto consiste en un nuevo esquema de financiamiento, a través del reaseguro, respaldado por el Banco Mundial, el INS y las empresas aseguradoras que deseen aportar capital.
Para mantenerlo, el Estado deberá contribuir mediante el pago de una tarifa.
Antes será necesario que la Asamblea Legislativa apruebe un proyecto de ley que le permita al Banco Mundial aportar el capital. Ese monto, aún por definir, podría llegar a los $100 millones. Otro tanto sería aportado por el INS.
Guillermo Constenla, presidente ejecutivo del INS, afirmó que se piensa en una cobertura de activos por $5 millones, con una pérdida máxima probable de $300 millones por desastre.