La Fiscalía de Delitos Económicos y el TSE investigan las dudosas charlas de capacitación que el Movimiento Libertario le cobró al Estado, en ¢210 millones, como parte de sus gastos previos a las elecciones del 2010.
Las indagaciones se centran en las facturas y documentos usados por el partido para justificar el cobro de 194 cursos de capacitación política, cuyos instructores niegan haberlos impartido y con participantes que rechazan haberlos recibido.
Guillermo Hernández, fiscal adjunto de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales, informó de que abrieron una línea de investigación para determinar si se cometió el delito de estafa.
Además, dijo el funcionario judicial, examinarán si se incurrió en falsificación, uso de documento falso y delitos electorales.
Al menos desde la fundación de la Segunda República, en 1949, nunca se ha sancionado un delito electoral en el país.
El Ministerio Público todavía no identifica a los eventuales responsables de estas acciones. Para ello solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) un informe acerca del asunto.
Una descripción de los hechos, elaborada por el órgano electoral, permitiría “individualizar conductas y reprocharlas” en una acusación, manifestó el fiscal.
Cobro de vuelta. El TSE, además de haberse puesto en contacto con la Fiscalía desde el lunes, tiene abierta su propia investigación, confirmó Héctor Fernández, director del Registro Electoral.
Aparte de remitir documentos y sus conclusiones a la Fiscalía, el Tribunal de Elecciones podría plantear un cobro de daños y perjuicios en contra del partido político, algo que tampoco ha ocurrido en las últimas décadas.
La investigación del TSE está en manos del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, encargado de revisar las liquidaciones de los grupos políticos.
Una sola pesquisa. El fiscal agregó que su investigación será fundida con las denuncias presentadas por los instructores que niegan haber dado los cursos.
De acuerdo con la documentación que el Libertario entregó al TSE para cobrar la deuda política, la mayoría de charlas habrían sido impartidas por tres capacitadores entre el 2008 y el 2010.
Sin embargo, el domingo, La Nación reveló que dos de ellos, Alexánder Burns y Francisco Pérez, negaron haber dado las más de 60 charlas que el partido político le atribuyó a cada uno.
Adicionalmente, en las listas de participantes de los cursos, aparecen la firma y cédula de personas que niegan haber ido a los cursos.
Según las facturas, las capacitaciones habrían sido impartidas por el Instituto Libertad y Progreso (Ilpro), una organización fundada en el 2007, la cual es presidida por el excandidato presidencial del Movimiento Libertario, Otto Guevara.
Ronaldo Alfaro, tesorero del partido, dijo el sábado que hubo un aparente error en la confección de las listas. Agregó que al parecer se incluyó el registro de personas que asistieron a la presentación del plan de gobierno de Guevara, en Pueblo Antiguo, en enero del 2010.
De hecho, las personas que niegan haber ido a cursos en Pérez Zeledón o León Cortés sí asistieron a la presentación del plan de gobierno libertario.
Este medio intentó ayer conocer la versión de Guevara y de Alfaro sobre la intervención de la Fiscalía y del TSE, pero no contestaron las llamadas.
El Libertario cobró las charlas a un costo promedio de ¢1 millón cada una, aunque admitió que los supuestos instructores trabajaron de gratis y que no se desembolsaron grandes cantidades de dinero por alquiler de locales.
La Fiscalía de Económicos también investiga un presunto lavado de dinero en el financiamiento electoral del Libertario.