Los indígenas bribris de la reserva de Keköldi, en Talamanca, Limón, pedirán que el Estado les devuelva una parte de la costa, cerca de la desembocadura del río Cocles.
Vea un video del juicio efectuado ayer
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Esta fue una de las pretensiones planteadas ayer en el Tribunal Contencioso Administrativo durante un juicio que estudia las aparentes violaciones a la reserva indígena bribri de Keköldi.
El terreno en cuestión les pertenecía desde 1977, cuando se creó la reserva indígena mediante un decreto ejecutivo. Sin embargo, la porción costera se excluyó de ese territorio en 1996, con un decreto firmado por el presidente José María Figueres Olsen.
Según ese decreto, la delimitación de la reserva “no fue la más apropiada porque incluye una zona costera cerca de la desembocadura del río Cocles que no ha sido habitada por indígenas en los últimos doscientos años”.
Sin embargo, la solicitud de los indígenas de que parte de la costa se declare nuevamente de ellos, no se estudiará en el juicio actual.
Esto se debe a que los jueces le pidieron al abogado de los indígenas, Danilo Chaverri Barrantes, solicitar la nulidad del decreto de 1996. Barrantes accedió a ampliar la pretensión para incluir una solicitud de que se impugne el decreto.
Tras esa ampliación, los jueces decidieron desacumular esa pretensión para que se analice en otro proceso judicial.
Deliberación. El juicio que concluyó ayer, cuya sentencia se conocera dentro de 15 días hábiles, determinará si el Estado incumple con su responsabilidad de desalojar o expropiar a los residentes no indígenas que viven en la reserva.
Entre los demandados también figuran el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), al que le corresponde efectuar las expropiaciones e indemnizaciones con recursos del Estado y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai), que debe hacer los avalúos sobre las propiedades por indemnizar.
Chaverri dijo sentirse muy confiado en que se fallaría en su favor, e indicó que “lo que falta es ver si van a condenar o no al Estado”
El representante del Conai, Salvador Arauz, dijo que, pese a ser demandada, la Conai apoya la demanda en tanto obligaría al Estado a reconocer, vía presupuestaria, el pago de las tierras.
La abogada del IDA, Maribel Aguilar, defendió la labor de su representada al alegar que, por ley, esta no puede destinar recursos propios para indemnizar a los expropiados de terrenos indígenas.
La oficina de prensa de la Procuraduría General de la República dijo que el abogado que lleva el caso, Bernardo Lara, no se referiría al tema mientras no se conozca la lectura del tribunal.