El Gobierno deberá dejar de lado la impaciencia por contar pronto con un impuesto que le genere más recursos para seguridad ciudadana. Los diputados opositores lograron evitar hoy la aprobación definitiva y más bien enviaron el proyecto a revisión en la Sala Constitucional.
Esta fase podría atrasar hasta dos meses el proyecto con el cual el Gobierno pretende recaudar ¢37.000 millones, merced a un impuesto de ¢158.000 colones anuales a cada sociedad anónima.
Este proyecto se aprobó en primer debate hace dos semanas, pero el oficialismo no logró el apoyo suficiente para darle el aval definitivo, a pesar del respaldo de la mayoría de diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) y del PUSC.
Fueron más eficaces los libertarios. Recolectaron once firmas para enviar el proyecto a consulta facultativa en la Sala IV, cuyos magistrados tienen un mes para analizar el texto, período que con trámites relacionados llegaría a dos meses.
Esto lo lograron los libertarios al poner sus ocho firmas y convencer a Claudio Monge (PAC), Wálter Céspedes y Luis Alberto Rojas (PUSC) y Justo Orozco (Renovación Costarricense) para enviar el proyecto a la Sala IV y frenar el intento de oficialismo de dar hoy el segundo debate.
El jefe de los diputados liberacionistas, Luis Gerardo Villanueva, expresó su molestia y atributó a los opositores un afán obstruccionista. "Esto es puro tortuguismo; saben que no tienen los votos para rechazar el proyecto y entonces atrasan".
Esta decisión de los diputados opuestos al impuesto hace improbable que este proyecto se apruebe en el mes en que el Ejecutivo controla la agenda legislativa, durante agosto. A partir del 1° de setiembre, serán la dinámica legislativa la que imponga las prioridades, que no necesariamente incluirían el impuesto a sociedades anónimas.