El hecho de que Costa Rica tenga un déficit fiscal, simplemente significa que el Estado ha gastado más de lo que recauda en impuestos.
La propuesta que hace el Gobierno para reducir el déficit es aplicar una reforma fiscal que aumenta el porcentaje de impuestos que pagamos por diferentes bienes y servicios. A la vez, impone nuevos tributos para otros bienes y servicios que hoy están exentos. También, el Gobierno propone mejorar la recaudación de los impuestos que ya existen (la evasión fiscal representa un 4% del PIB), y aplicar un recorte de algunos gastos del sector público, pero no se ha planteado una propuesta concreta y sostenible de cómo reducir gastos en todo el Estado.
En la discusión que se ha generado respecto al déficit fiscal, posibles soluciones y sobre el proyecto de reforma fiscal que el Gobierno impulsa, han quedado de lado algunas variables y realidades incómodas a nivel político, que deberían ser consideradas. Los nuevos impuestos que el Gobierno pretende cobrar solo son justificables para reducir el déficit fiscal existente, por lo que deberían quedar sin efecto en un plazo específico o cuando se cumplan determinados supuestos, por ejemplo, cuando el déficit fiscal sea inferior a 1% del PIB.
Si no se condicionan los nuevos tributos, estaríamos ante un mecanismo encubierto e injustificado para subir la carga fiscal permanentemente.
También, está quedando de lado en la discusión cuáles serán las políticas que el Estado aplicará para medir y aumentar la productividad del sector público.
Deberíamos tener una garantía, de que los recursos que damos en administración al Estado (la empresa de todos los costarricenses), nunca más serán desperdiciados en burócratas ociosos, en convenciones colectivas leoninas, en alquileres y compras innecesarias, en platinas mal reparadas, en dietas de diputados obstruccionistas, en incapacidades mundialistas. etc. En fin, cuáles medidas tomará el Estado para garantizar que cada colón que gasta y cada empleado que el Estado tiene, produce lo que debería producir, como sucede en el sector privado, y como debería suceder en cualquier empresa que cuida los recursos y rinde cuentas a sus socios, en el caso del Estado, a cada contribuyente.
Tampoco está en la palestra cuáles serán las medidas que el Estado tomará de una vez por todas para destrabar el Estado, para hacer eficientes los procesos y para simplificar trámites.
El costo de la ineficiencia y de la tramitomanía del Estado costarricense hace que cada negocio o actividad económica tengan un mayor costo y un mayor riesgo. A este costo adicional le podríamos llamar “impuesto del burócrata”, que no se toma en cuenta en la carga fiscal, pero existe, lo pagamos día a día y le resta competitividad a Costa Rica.
Por otro lado, si partimos de la base de la igualdad que nuestra Constitución prescribe, todos deberíamos pagar impuestos: progresivos, flat tax, etc., o en la modalidad que los expertos determinen, pero cada ciudadano debería pagar su cuota.
Las exclusiones de nuestra legislación han generado un sector informal que no tributa y para efectos fiscales no existe.
Este limbo fiscal se ha prestado para la alcahuetería y el encubrimiento. Quien no puede pagar impuestos debería demostrarlo, esto a la vez serviría para desenmascarar que hace cada quien para subsistir.
Quien definitivamente demuestre que no puede pagar, bien podría pagar en especie, trabajar, o servir a su país de una u otra forma, ósea, dar una contraprestación para el resto de costarricenses que sí pagamos impuestos.