Hay resoluciones que hablan más de los jueces que de los imputados, sobre todo cuando sus decisiones develan más preguntas que respuestas ¿Por qué si desde noviembre del 2010 este diario denunció el conflicto de intereses del personal a cargo de los aceleradores lineales del Hospital México, con nombres y apellidos, es hasta agosto del 2011 que se toma la medida de suspender a su director?
¿Por qué se toleraron desde el 2004 hasta la fecha 1313 averías en estos equipos, si son de la misma marca y reciben el mismo mantenimiento que los de la clínica privada en donde labora el mismo personal? ¿Mediante qué subterfugios se ha logrado mantener en el anonimato el misterio de estos desperfectos?¿Por qué se mantiene en vía administrativa este asunto siendo competencia del Ministerio Público, en virtud de la integridad física de los asegurados que ha estado de por medio?
En una entrevista publicada en este mismo diario, el director de Oncología del Hospital Calderón Guardia, Dr. William Hernández, manifestó que en materia de cáncer “Nos falta todo. Si nos comparamos con los países desarrollados, estamos 50 años atrás; ya en Centroamérica hay mejores (naciones preparadas) que nosotros” (http://www.nacion.com /2011-05- 18/ElPais/ NotasSecundarias/ElPais2768698.aspx ).
Como respuesta, obtuvo las declaraciones del Dr. Bernardo Sáenz, director de la Red Nacional de Oncología, quien contestó: “Seguimos incorporando alta tecnología; está en proceso de compra un segundo equipo de resonancia magnética que se ubicará en el Hospital Calderón Guardia y se espera contar con equipos adicionales a los dos disponibles, para el tratamiento por medio de aceleración lineal en el Hospital México a partir del 2013 y un tiempo después, en el Hospital San Juan de Dios.” http://www.nacion.com/2010-06-14/Opinion/Foro/Opinion2407085.aspx.
Nuevamente, surgen otras grandes preguntas: ¿por qué razón si don Bernardo conoce que desde hace una década egresan millones de dólares hacia una clínica privada por ese servicio y que se dispone desde el 2008 de ¢38.000 millones, legados del desaparecido Instituto del Cáncer, nos habla de expectativas para el 2013 y solo han utilizad ¢1.800 millones en la lucha contra la enfermedad, según un informe de la Contraloría General de la República, hecho público por la diputada Damaris Quintana quien también agregó:
“Las inversiones no están definidas, las metas y los indicadores de desempeño brillan por su ausencia, según la Contraloría. No hay una explicación aceptable ni del atraso en la atención ni de la falta de previsión”.
Una biopsia hospitalaria puede durar 4 meses, pero en la clínica privada 3 días, a un costo de $3.000. ¿Cuántos la pueden pagar? ¿A qué costo para la economía familiar? ¿Cuántos fallecen esperándola?...
Investigación. Tomando en consideración tantos y tan graves cuestionamientos sin respuesta, que han salido a la luz en estos últimos meses, cuando resultó imposible continuar ocultando la “crisis”, un grupo de asegurados “Cotizantes CCSS”, presentamos desde el 10 de agosto un extenso y fundamentado documento ante el fiscal general de la República para que investigara lo acontecido con estos aceleradores y 18 puntos más.
Con ello también nos acogimos al llamado de esa Fiscalía para que los ciudadanos presentaran insumos que ayudaran a la Comisión creada para ese efecto en sus pesquisas indagatorias.
Entre otras demandas penalmente relevantes, formulamos las siguientes: ¿Por qué las juntas directivas de la CCSS no acataron las advertencias realizadas por Pablo Sauma y la Contraloría General de la República para evitar las acciones temerarias contra la salud administrativa institucional?
http://www.nacion.com/2011-08-07/Opinion/ccss-requiere-atencion-urgente.aspx.
¿Por qué es hasta que se descorchó el escándalo que la Dirección Financiera consideró necesaria una ley contra los empresarios morosos? ¿Qué medidas inteligentes o especiales se implementaron para batallar contra esa morosidad?
¿Por qué permitieron que se extendieran las concesiones de servicio a esas empresas, autobuseras, bananeras, call center, hoteles, en abierta violación con los artículos 73 y 74 constitucionales y el 31 y 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS que establece una prohibición total (sine qua non) para este tipo de autorizaciones?
Las juntas directivas y las jefaturas hospitalarias deberán contestar: ¿por qué no se establecieron controles para corregir los problemas de ausentismo médico que han venido afectando el flujo de atención y las listas de espera? ¿Por qué se mantuvo en reserva el otorgamiento irregular de las incapacidades?
¿Por qué no se implementaron controles para que médicos alteraran las listas de espera para el uso de los quirófanos, dando prioridad a “sus” pacientes (biombos); ni para verificar que los especialistas, a quienes se les paga por disponibilidad, realmente acudieran cada vez que se requería su presencia; ni para controlar las entradas y salidas de las jefaturas médicas y especialistas, horas efectivas trabajadas, viajes al extranjero con goce de salario, etc.?
Una vez interpuestas formalmente estas y otras denuncias ante el Ministerio Público, las respuesta ya no solo quedan circunscritas a la órbita y responsabilidad administrativa de las autoridades de la CCSS, sino que ingresaron en la esfera de la jurisdicción penal en razón de la materia: por constituir un riesgo y deterioro para la vida y la salud y, por tratarse de una iniciativa democrática y de indignación, que acude ante el Ministerio Público como única y última instancia competente para determinar responsabilidades y responsables, al haber sido pública y expresamente renunciado su ejercicio por parte de la Presidenta de la República en cadena nacional de prensa.
La persecución de los delitos de acción pública y de la impunidad está dispuesta en la Constitución Política y las leyes, como una opción justa y objetiva, máxime cuando se trata de salvaguardar la seguridad social como uno de los legados más preciados para el bienestar de la ciudadanía.
El señor fiscal general y los profesionales a cargo tienen en su haber el histórico desafío de auxiliar a este país a rehabilitarse como el ave fénix o contemplarlo derrumbarse como una casa con comején.