El financiamiento partidario vuelve a estar en la palestra pública. Investigaciones del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE y del Ministerio Público, además de distintos reportajes periodísticos, motivaron la creación de una comisión legislativa y han hecho de este un tema recurrente en la prensa.
Sin embargo, en ese saludable debate social, se corre el peligro de satanizar el financiamiento partidario. Para abordarlo con seriedad, debe partirse de que se trata de un tema complejo para todas las democracias. Se debe ser realista sobre lo que se puede lograr mediante la regulación y precavido respecto a los efectos indeseados de esta. Por ejemplo, cuando se han aplicado mecanismos más rigurosos de control como prohibir las donaciones privadas (en Francia y en India), ello tuvo pésimas consecuencias, pues los medios a los que recurrieron las agrupaciones fueron aún más oscuros.
Falacias. Además, con ligereza se ha acusado que ahora, a diferencia de los idílicos años de “la Costa Rica de antes”, el gasto público en campañas es mayor, los dineros se festinan sin control y se reparten en pocas manos. Permítaseme demostrar lo falaz de esas afirmaciones.
En relación con el supuesto incremento del gasto, en Costa Rica, entre 1956 y 1997, el financiamiento estatal alcanzó el 2% del promedio de los presupuestos ordinarios de la República de los tres años anteriores a la elección. En 1997, se redujo al 0,19% del PIB del año trasanterior a las elecciones y, para las elecciones de 2010, por disposición transitoria de 2009, se redujo a un 0,11% del PIB (para las elecciones de 2002 ya se había reducido al 0,10% del PIB, pero, a falta de acuerdo político, para las de 2006 regresó al 0,19%). En América Latina, aun el más generoso de los sistemas (el mexicano), está muy por debajo del de las democracias europeas, que cuentan con robustos presupuestos para sus partidos.
Sobre lo inclusivo del acceso a ese financiamiento estatal, basta ver los requisitos que a lo largo de la historia han existido para tener derecho a este. De 1956 a 1972, el umbral de acceso era de un 10% de los votos válidos. En 1972 se redujo a 5% y en 1997 a 4% o, para los partidos provinciales, a la elección de al menos un diputado (criterio flexibilizado aún más por la jurisprudencia del TSE de 2006). Fue hasta el nuevo Código de 2009, que se incluyó a los partidos cantonales en el reparto del financiamiento.
Si a controles se refiere, el panorama es el siguiente: en Costa Rica, la práctica predominante durante la primera mitad del siglo XX era financiar las campañas con deducciones a los salarios de los funcionarios públicos. Fue hasta 1956 que se reguló legalmente la contribución del Estado y hasta 1996 no existió regulación específica del financiamiento privado, provocando que, sin mecanismos de control, no se supiera tampoco de irregularidades.
Reducción del gasto. Como puede verse, contrario al tremendismo sobre el tema, el gasto estatal en financiamiento partidario se ha ido reduciendo, ahora es más inclusivo y se han fortalecido sustancialmente los controles de las finanzas partidarias (incluido el financiamiento privado). Ello no significa, empero, complacencia del TSE. Muy por el contrario, se está utilizando, con todo vigor, las herramientas legales que da el nuevo Código para cumplir con el deber de velar por la transparencia y buen uso del financiamiento. Así, también, el TSE ha insistido en que en este tema deberían centrarse las próximas reformas electorales.
La opinión pública debe saberlo: el TSE propuso desde hace años, en el proyecto de nuevo Código, la eliminación de los certificados de cesión (bonos), defendió la necesidad de suprimirlos ante los diputados y aún tras la aprobación final del Código (en medio del más que justificado beneplácito por el avance que entraña en materia de financiamiento), señaló el carácter perverso del mecanismo. Sin ambiguedades: los bonos introducen inequidad en la contienda (valen lo que las encuestas digan que valen) y con ellos pueden hacerse donaciones encubiertas (tanto de nacionales como de extranjeros, estos últimos por medio de personas jurídicas nacionales).
La verdad es que el TSE propuso mecanismos alternos, más transparentes y equitativos: un anticipo del financiamiento más robusto que el actual y un porcentaje significativo de este para repartirse, por partes iguales, entre todas las agrupaciones, a fin de que, en los medios de comunicación, se visibilizaran al electorado todas las alternativas políticas en lisa. La verdad es que aquella comisión de reformas electorales desatendió esa recomendación y prefirió el sistema de bonos.
En suma, mucho ha progresado el país en esta materia y se cuenta con los criterios técnicos necesarios que orientarían las nuevas reformas electorales. Quizá ya estemos preparados, incluso, para un sistema de franjas electorales (cuyo éxito está probado en países como Chile), que elevaría sustancialmente los niveles de equidad de los comicios. Entre tanto, en el TSE esperamos que la discusión sobre el financiamiento partidario no ignore los hechos objetivos y verificables que he señalado, a la vez que nos comprometemos a seguir velando porque nuestra prestigiosa democracia crezca en transparencia, inclusión y profundidad del debate político.