Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pidió ayer a los diputados eliminar los bonos de deuda política dentro del financiamiento electoral, por considerarlos “perversos” e injustos.
Según el magistrado, los bonos son un portillo para que los partidos reciban donaciones encubiertas, contribuciones de extranjeros y para el lavado de dinero.
El mecanismo provoca desigualdad, añadió, pues los bonos de los partidos pequeños son “papeles sin ningún valor” debido a su posición en las encuestas.
Así lo expuso el presidente del TSE ante la comisión de diputados que investiga el financiamiento del Movimiento Libertario. Sobrado dijo esperar que el Congreso tome conciencia de esta realidad y, sobre todo, que tome medidas.
Los bonos son una expectativa de pago que los partidos emiten para captar dinero o pagar servicios.
En sustitución, el jerarca sugirió un mayor adelanto de deuda política, así como un sistema de franjas en radio y televisión que sean repartidas de manera equitativa.
Sobre el caso del Libertario, Sobrado evitó dar detalles al alegar que el caso está en investigación. Ese partido enfrenta una pesquisa judicial por una presunta legitimación de capitales en sus finanzas.
Para Víctor Granados, diputado del PASE y presidente de la comisión investigadora, el Congreso quedaría muy mal si no evalúa las reformas sugeridas por el TSE.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Electorales, el liberacionista Fabio Molina, dijo que la reforma debe ser evaluada “en su momento”, pues aún no termina la liquidación de las últimas campañas y eso genera sensibilidad.
Molina agregó que los bonos no deben ser satanizados, sino que pueden ser reformados para que se tornen más transparentes.
Wálter Céspedes, del PUSC, y José María Villalta, del Frente Amplio, consideran que el TSE debería tener la potestad de sancionar penalmente los delitos electorales.
Sobre ese punto, Sobrado dijo que solo el Poder Judicial tiene esa potestad y le preocupa que no se haya condenado a nadie por faltas electorales en los últimos 60 años.
Una alternativa, continuó, sería crear una unidad especializada de jueces y fiscales electorales que le pongan más atención al tema.