El Poder Ejecutivo confirmó anoche que antes del Día de la Madre realizará el primero de los pagos prometidos para aliviar la crisis financiera de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
El pago se realizará mediante títulos valores por ¢54.000 millones, informó el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, ante consulta de este medio.
Con la transacción, Hacienda cumple parte de lo acordado el pasado 13 de julio, cuando se comprometió a cancelar este año ¢85.000 millones a la CCSS.
Dicho monto forma parte de la deuda por más de ¢160.572,5 millones que tiene el Estado con la Caja, según números de la Contraloría General de la República, a diciembre del 2010.
La deuda es producto del pago de servicios médicos del régimen de Enfermedad y Maternidad.
Con el adelanto de los primeros ¢54.000 millones para este mes, el Gobierno deja pendiente el giro de ¢31.000 millones que, según la Caja, se realizará en dos pasos posteriores.
El primero se hará el 16 de agosto por ¢15.000 millones y el segundo está previsto para el 16 de setiembre por ¢16.000 millones.
Enfermo. Este primer pago es una bocanada de aire para un régimen que se acerca a la crisis, según determinó la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en un informe revelado el 16 de julio.
De acuerdo con los números de la OPS, si la Caja no sufre una reestructuración en sus finanzas, su déficit llegaría a los ¢313.909 millones en el 2015.
El vicepresidente de la República, Luis Liberman, afirmó anoche que “la garantía que tiene la CCSS de que el convenio se cumpla es la firma de las partes y la voluntad política de este Gobierno expresada por la señora presidenta de la República, Laura Chinchilla, en diversas manifestaciones públicas”.
En tanto, el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, afirmó que el giro de los recursos viene a garantizar la voluntad del Gobierno para honrar el compromiso adquirido.
Plan fiscal en el horizonte. El convenio firmado entre la presidenta de la Caja, Ileana Balmaceda, y el viceministro de Egresos, José Luis Araya, plantea además un compromiso de pago de ¢7.800 millones anuales hasta el 2016.
Sin embargo, estos recursos dependen de la salud tributaria del país, admitió Benavides.
Ante consulta de La Nación sobre la garantía del pago de ¢7.800 millones por año, Benavides aceptó que en caso de no aprobarse el plan fiscal que se discute en el Congreso, Hacienda podría acogerse a la cláusula 10 del convenio con la Caja.
Dicha cláusula le da la oportunidad a Hacienda de renegociar los extremos del acuerdo.
“Teniendo en cuenta la difícil situación fiscal actual y en caso de no aprobarse la Ley de Solidaridad Tributaria, se renegociarán los términos de este convenio por iniciativa del Ministerio de Hacienda mediante la suscripción de un Adendum al mismo”, dice el escrito.
Consultados sobre la posibilidad de que el Ejecutivo no envíe la totalidad de recursos a la Caja después del 2011, los diputados de oposición criticaron al Gobierno.
Gustavo Arias, del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo que no es válido que el Ejecutivo condicione pagos al plan fiscal.