La Asamblea Legislativa aprobó ayer, en primer debate, un impuesto de ¢158.000 anual a las sociedades mercantiles, a las sucursales de sociedades extranjeras o su representantes y a las empresas individuales de responsabilidad limitada que están activas.
Al 15 de junio pasado habían inscritas en el Registro Nacional 483.521 sociedades anónimas, 261 sociedades extranjeras y 1.963 empresas individuales de responsabilidad limitada.
El Ministerio de Hacienda estimó una recaudación de ¢37.000 millones por este impuesto, los cuales se destinarán para seguridad ciudadana y combatir la delincuencia, una de las promesas de campaña de la presidenta Laura Chinchilla.
El dinero cae en un momento en el cual la inseguridad es la principal preocupación de la población, según la encuesta que realizó, en marzo pasado la empresa Unimer para La Nación.
¿Quiénes pagan?El tributo se estableció con base en el llamado salario base para delitos especiales del Código Penal, creado por la ley 7337 del año 1993. Actualmente ese salario base es de ¢316.200.
Los diputados aprobaron que si una sociedad está activa paga el 50% de ese salario (¢158.100) y un 25% (¢79.050) si está inactiva.
Francisco Villalobos, director general de Tributación, explicó anoche que las activas son aquellas que llevan a cabo algún tipo de actividad empresarial y las inactivas las que no realizan actividades lucrativas, aunque sí tengan activos ociosos como lotes y casas.
El proyecto exime del impuesto a las micro y pequeñas empresas e inscritas como tales en el Registro del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y que estén inscritas como contribuyentes ante la Dirección General de Tributación.
El diputado liberacionista Francisco Chacón dijo anoche que pueden haber sociedades activas, que tienen negocios, pero que no están inscritas en el Ministerio de Economía, pues para calificar como micro o pequeñas empresas tienen que cumplir varios parámetros.
El período fiscal del tributo será entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de ese mismo año y se pagará en enero. Si una sociedad se inscribe en el transcurso de este periodo pagará el impuesto en forma proporcional.
El proyecto también concede un plazo de hasta tres meses, a partir de la vigencia de la ley, para disolver la sociedad sin pagar el tributo.
Reacciones encontradas. El proyecto contó con 39 votos a favor y cinco en contra de los diputados del Movimiento Libertario.
“Es un paso importante para mejorar el tema de seguridad ciudadana, pero es solo un paso”, dijo el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides.
Según el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, con la recaudación estimada, “nos garantizamos que los programas de seguridad ciudadana reciban recursos frescos para realizar sus labores”.
El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Gustavo Arias, coincidió en los recursos frescos, pero consideró “que es muy poco para atender el problema”.
Para la diputada del Movimiento Libertario, Patricia Pérez, se “friega” a un millón de ticos (estimando a dos personas por sociedad) para recoger apenas ¢37.000 millones, en el mejor de los casos, mientras que el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia no ejecutaron ¢30.000 millones.
El Partido Unidad Social Cristiana destacó que por instancia del diputado Luis Fishman, la Comisión redactó un artículo para que el dinero llegue al Ministerio de Seguridad Pública y se dé seguimiento a su correcta administración”.
Colaboraron Esteban Mata y Carlos Arguedas.