Las discrepancias entre los directivos de la CCSS afloraron durante la adjudicación de alquiler de bodegas al Almacén General de Depósito JL.
El eje de los debates fue si esa compañía y Algefissa eran parte de un mismo grupo de interés económico, pues ambas firmas son de Juan León García, condenado por retención indebida.
Las críticas sobre la conveniencia de adjudicar a Almacén JL llegaron de parte de los directivos José Luis Loría y Agustín Páez. Así lo manifestaron en varias sesiones de junta.
Las críticas más relevantes fueron en las sesiones del 13 de enero y 21 de julio de este año. En la primera, la Caja optó por contratar a Almacén JL; en julio fue cuando se ratificó la decisión.
Tras la adjudicación se conoció que en la demanda penal que la propia Caja planteó contra León García –por el tema de la retención–, el abogado Juan Diego Castro, contratado por la entidad, concluyó que sí había grupo de interés económico.
A pesar de ello, la directiva consideró que “el tema de grupo de interés económico no resultaba relevante para efectos de la adjudicación”, dijo la Contraloría General de la República el 27 de julio al refrendar el contrato.
El 26 mayo, La Nación pidió a la Caja el acta del 13 de enero, pero la entidad arguyó que “aún no estaba transcrita”. El documento lo entregó el 6 de junio.