Por un lado, es una buena señal política..., pero, por otro, ¿tendrá ese decreto un portillo?
Con esos pensamientos reaccionaron ayer los grupos opuestos a la explotación de petróleo ante la moratoria de tres años decretada por el Gobierno en contra de esa actividad.
Para ellos, la pregunta clave es si la declaratoria alcanzará para frenar la concesión reclamada por Mallon Oil Company, compañía que quiere buscar petróleo y gas natural en la zona norte.
Rodrigo Alberto Carazo, exdiputado del PAC, estimó que el decreto es una clara “manifestación política” que le cierra la puerta a la compañía petrolera.
“Mallon no tiene un contrato a su favor. Tiene un derecho adquirido, derivado de una licitación (del 2000), pero el Estado no tiene la obligación de suscribir el contrato”, opinó Carazo sobre la reserva incluida en el decreto para respetar derechos adquiridos.
Mauricio Álvarez, de la organización Oil Watch, coincidió con el exdiputado en que hay una señal política, pero cuestionó que el decreto solo menciona la explotación y no la exploración.
Además, ¿qué pasaría si el interesado en explorar es Recope en sociedad con una firma estatal china?, continuó Álvarez.
El Frente Amplio también cuestionó que no se mencione la exploración ni el gas natural.