Al Estado costarricense se le agotaron las prórrogas para intentar aprobar la fecundación in vitro (FIV) y ahora deberá defenderse de una demanda en su contra presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Luego de casi un año de emplazamientos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió, el pasado viernes, enviar el caso 12.361 sobre FIV al máximo tribunal del continente.
La fecundación in vitro es una técnica médica para lograr embarazos: en sus primeras etapas, las parejas deben recurrir a un laboratorio para lograr la unión de los óvulos con los espermatozoides.
La práctica de ese procedimiento fue prohibida por la Sala IV en el 2000, y posteriormente, un año después, diez parejas demandaron al país ante la Comisión.
El anuncio sobre la decisión de la CIDH de llevar el caso a la Corte lo hizo Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de ese organismo.
Ella envió ayer, desde Washington, EE. UU., una carta a la Cancillería de la República (representante del Estado) y a las parejas demandantes para informarles de la demanda. La Nación tiene copia de dicho documento.
Ahora, la Corte, cuya sede está en San Pedro de Montes de Oca, deberá darle admisibilidad a la demanda. Seguidamente, ambas partes tendrán audiencias para presentar pruebas. El proceso continuaría hasta la etapa de sentencia.
Resignación y júbilo. Tras la oficialización de la demanda, la Cancillería emitió un comunicado en el que asegura que esperaban esa decisión “ante falta de acuerdo en la Asamblea Legislativa para aprobar el proyecto de ley”.
Por ello, avisó la Cancillería, en los próximos días harán reuniones con entes como el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y la Procuraduría General de la República para “establecer la estrategia jurídica” que se adoptará ante la Corte.
El abogado Gerardo Trejos, representante de las parejas querellantes, manifestó que ya están preparando la documentación que presentarán ante el alto tribunal.
Trejos manifestó que adjuntarán su propia demanda a la de la CIDH, pues así lo permite el sistema interamericano.
Sobre los plazos, el abogado dijo que, a partir de la notificación de la Corte, el Estado tiene cuatro meses para presentar sus pruebas y documentación al proceso.
En cambio, según añadió, los demandantes contarán con un plazo de dos meses para plantear sus peticiones a la Corte, entre ellas el monto de indemnización.
Carlos Tiffer, especialista en derecho penal, explicó que el primer paso que se debe cumplir ante la Corte Interamericana es la “admisibilidad del caso”.
Agregó que, “al ser una demanda interpuesta por la Comisión Interamericana, es muy probable que la misma cumpla en fondo y forma” para ser adoptada.
Por su parte, Enrique Castillo, canciller de la República recién designado, afirmó que, aunque eventualmente el Estado sea condenado por el tema de la FIV, la imagen de Costa Rica “no se vería afectada” por tratarse de un tema sobre nuevas tesis de derechos humanos.
Un año atrás. En agosto del 2010, la CIDH rindió el informe 85/10 en el que reprendió a Costa Rica por haber prohibido la técnica in vitro. Hasta la fecha, ese documento tiene carácter confidencial, pero trascendió por medio de la prensa.
En el escrito se establece que Costa Rica violó “derechos humanos fundamentales” cuando detuvo la FIV.
En octubre del 2010, el Gobierno presentó un proyecto de in vitro, pero no encontró eco en el Congreso.
De ese mes a la fecha, la CIDH otorgó tres prórrogas para que se aprobara el plan; sin embargo, al no haberse logrado, el caso llegó a la Corte.