El tema de las torres de telefonía celular devela una realidad de nuestra institucionalidad, y con ella, a nuestra sociedad: la falta de planificación, la improvisación y las soluciones “sobre la marcha”, a modo de parches y “apagaincendios” que, lejos de resolver los problemas, los ocultan o los ignoran.
Herencia de problemas. En la década de los noventa, el ICE instaló esas torres sin trámites de evaluación ambiental (EIA) o permisos ante las municipalidades. Así se hizo durante años, pese a que, desde 1998, la Sala Constitucional había emitido una visionaria resolución sobre la protección de la salud y las radiaciones no ionizantes.
Luego, en el año 2009, con la apertura telefónica, se dio la gran oportunidad de corregir, y establecer reglas claras y ordenadas para todos. Una coyuntura clave pues era antes de que se tramitaran los permisos de más de 2.500 nuevas torres con sus antenas, que deberían localizarse, construirse, y operar de forma continua por al menos 15 años.
Era clave, porque la EIA debe involucrar aspectos vitales, como los criterios para localización, altura y retiro de las torres considerando las emisiones de sus antenas en el contexto urbano específico, las medidas para mitigar el impacto en el paisaje, el proceso de participación y consulta a los habitantes, así como los lineamientos para construcción y operación y, muy importante, los criterios de monitoreo y control del cumplimiento de la normativa técnica y ambiental establecida.
El ICE consultó el procedimiento de EIA de las torres de telefonía celular. En su resoluciones 2031-2009 y 123-2010, Setena degrada las exigencias previstas en sus propios reglamentos, al decidir que, para agilizar trámites, las empresas podrían valerse del Formulario D2 –en vez del Formulario D1 que era el que correspondía– junto con unos documentos anexos.
De manera inconcebible, tal estudio solo considera la torre inerte y ninguna evaluación del impacto electromagnético de las antenas en su contexto urbano; tampoco contempla el visto bueno de la mayoría de los vecinos para sembrar una torre en el corazón de sus barrios.
Así las cosas, si antes del 2009 Setena había conocido 300 expedientes para torres de telecomunicación, de allí en adelante ha dado su aprobación a más de 2.500, tramitadas en 10 días a golpe de tambor y, en la mayoría de los casos, sin inspección de campo. El problema, en vez de resolverse integralmente, adquirió dimensiones colosales.
Otra muestra de improvisación es que el marco de referencia para la evaluación de emisiones de los sistemas inalámbricos no salió hasta febrero del 2011, de manera inconsulta. Nos referimos al decreto No.36324-S del Ministerio de Salud, que regula radiaciones en nuestro espacio público.
Nos adscribieron a la norma ICNIRP, avalada por la OMS, que se basa en los efectos térmicos, pero deja de lado los efectos biológicos por causa puramente electromagnética. Se admiten hasta 4,25 W/m2 (40 V/m) para 850 MHz, o 9W/m2 (58 V/m) para los 1800 MHz, el equivalente a vivir cocinado con una antena a 4 o 6 m de distancia. Sin embargo, esta exposición es 42 veces mayor que la italiana (0,1 W/m2), 100 veces más que la suiza (0,043 y 0,1 W/m2), como 200 veces la de Suecia (0.02 W/m2) o Rusia (0.024 W/m2), y 4.250 veces más que en Salzburgo (0,001W/m2), países responsables donde funciona la telefonía celular sin problemas, aún cuando las antenas se retiren hasta 400 metros de las casas.
Peligro para la salud. ¿Cuál es la norma segura? ¿Dónde el punto de precaución? Según los científicos de Seletun, la radiación no debería superar 0,00017 W/m2 –la de una antena a 800 m de distancia– para nosotros, seres vivos que evolucionamos con radiaciones naturales de una milmillonésima de vatio.
Así, las regionales del Ministerio de Salud dan el visto bueno a los planos, sin tener idea de si sus antenas cumplen con la norma de emisiones en el contexto urbano específico, y sin el menor sentido precautorio.
Luego vino el reglamento municipal respectivo, que pudo haber ‘salvado la tanda’ enmendando yerros y omisiones por medio de ciertas restricciones urbanas. Pero no. Una Federación de Municipalidades (FEMETRON) hizo un ‘machote’ que muchas municipalidades acataron sin chistar. Este solo facilita la implementación de la red, pero no piensa en la protección de la población.
Cae en lo mismo de Setena, pues solo regula torres inertes y deja de lado las antenas radiantes, que si registran todas las municipalidades del mundo desarrollado. Define lotes mínimos de 6 x 6 m, con retiros del 10 % de la altura de la torre, distancias ridículas que permiten emisiones, en colindancia y altura, superiores a la norma tica.
Regula alturas máximas de las torres, pero no las mínimas de las antenas, que no deberían bajar de los 30 m por la radiación secundaria emitida. No habla de retiros especiales de sitios sensibles (como hospitales, guarderías, escuelas, colegios, asilos, o parques y plazas destechadas). Se admiten en zonas residenciales sin ninguna restricción o consulta. Permite torres y antenas en la vía pública, facilitando la colocación nefasta de monopostes de baja altura en aceras.
Sutel y la Rectoría de Telecomunicaciones, no sabemos si han estado adelante o atrás de este (des) concierto. Sutel se ha encargado de aprobar el permiso a los concesionarios para desarrollar la infraestructura de telecomunicaciones, aprobando torres y antenas pero sin la menor idea del contexto urbano donde se ubican.
La gente empieza a preocuparse y calentarse por la irresponsable saturación electromagnética. Para apagar el naciente incendio, las autoridades crean una Comisión Mixta Interinstitucional que visita municipios y dice que “todo está bien”. Cuando la realidad, es que muchas cosas se han hecho mal y si hay por qué preocuparse. Lo grave es que ya hay plazos corriendo, y multas por aplicar para las empresas telefónicas que tienen que entrar pronto a operar.
Buscando soluciones. A estas alturas, encontrar soluciones integrales no es sencillo, y prácticamente requeriría de la intervención de la Asamblea Legislativa, como sucedió en Chile, para emitir una ley que corrija lo actuado y fije nuevos plazos.
Para los casos concretos de torres ya construidas o por construirse, el tema requiere de soluciones particulares, según el caso. Lo primero es fijar, de forma participativa y abierta, entre todas las partes, los criterios técnicos y ambientales para la correcta ubicación y seguro funcionamiento de torres y antenas. Se deben revisar potencias, retiros y alturas, no según lo que se ha decidido hasta ahora, sino corrigiendo lo que la Setena no hizo en el 2009.
Se requiere también una norma de exposición de emisiones más estricta, que permita proteger la salud bajo un principio precautorio. Si es cierto, como dicen los de Sutel y Salud, que la medición real de emisiones da niveles muy por debajo de la norma ICNIRP, pues bajémosla como a la de Suecia o Salzburgo, para que pueda la ciudadanía defenderse de excesos concretos.
La gran mayoría de la gente quiere un servicio celular eficiente y de calidad. Se tomó la decisión de que compitieran varias empresas. Se dictaron algunos decretos de manera apresurada y se han firmado contratos. No obstante, en medio de todo eso, se dejaron tareas inconclusas, y se pusieron demasiados “parches” que ahora dejan una gran duda sobre la eficiencia con que se ha actuado y sobre la seguridad que pueden tener los ciudadanos de las decisiones tomadas.
Proteger la salud humana es una de las prioridades del Estado, y ningún otro tipo de consideración puede anteponerse a ello.
Mauricio Ordóñez. Arquitecto, profesor TEC