Don René Castro, extitular del Minae en tiempos de José María Figueres y hoy canciller de la República, me pide retractarme de lo dicho en mi última columna. No lo puedo complacer. Lo siento. Dos razones me impiden hacerlo.
La primera –la más importante– es que yo no lo he acusado de cometer ningún acto ilícito. Solo pregunté, por carecer de información, si se debía investigar si con Mellon hubo melones de por medio. Eso no inculpa directamente a nadie. Investigar es siempre sano en la gestión pública. Quien tiene la conciencia tranquila no tiene nada que temer.
La segunda es que, si bien no lo puedo inculpar, mucho menos exculpar. De nuevo, no tengo información. Lo haría con gusto si abriera voluntariamente sus cuentas bancarias y las de su familia, incluyendo sociedades en las que tuviera intereses directos o indirectos, junto a las de su patrón en esos años, José M. Figueres, aquí y en el exterior, y si Mellon también abriera las suyas para que un fiscal no politizado condujera una investigación exhaustiva.
Sí señalé que su aparente celo, pasión y compromiso con el ambiente no se reflejaban bien en su expediente. Tampoco en el de su partido. La flojera, complacencia y negligencia para proteger la isla Calero, atropellada abruptamente por Daniel Ortega y el flamante comandante Cero, fueron decepcionantes. Se dio por satisfecho sin realizar ningún análisis del dragado ni valorar otras atrocidades, y aceptó que no producían daño ambiental. Eso es público y notorio. Tampoco dijo presente cuando Arias declaró de interés público la explotación de oro en Crucitas. ¿Por qué no corcoveó? Un ambientalista de convicción lo haría. Por eso los verdaderos (entre quienes no me incluyo) los acusaron de doble moral: retórica pro ambiente fuera del país y acciones a favor de explotar internamente.
También los criticaron por el decreto Figueres-Castro (26.750) emitido en 1998 que, de hecho, facilitó a las empresas extranjeras la exploración. ¿Por qué? Porque la Ley de Hidrocarburos exigía un riguroso y comprensivo estudio de impacto ambiental de previo a la exploración, difícil de lograr. Al derogar ese requisito se allanaba el camino para amarrar la prospección, lograr un contrato, y seguir adelante con lo demás. De ahí la indignación ambientalista. Además, es muy dudoso derogar por reglamento una exigencia de ley, razón por la cual Freddy Pacheco, ecologista, lo llevó a los tribunales. El punto, de nuevo, es la doble moral. Tanto la Ley como el decreto se emitieron en su tiempo para facilitar la explotación de petróleo. Y, sin embargo, en su artículo en La Nación aún se cuestiona si debe hacerse. Defínase, don René.