La huelga en la CCSS terminó ayer con un acuerdo en el que las autoridades de la institución no soltaron prenda ante las exigencias de los sindicatos.
Los cuatro días de protesta finalizaron con la creación de una comisión para analizar las finanzas de la entidad y otra para ver el problema de los trabajadores incapacitados que no cotizan para la pensión.
El pacto fue firmado a la 1 p. m. en las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en La Uruca, San José, luego de 24 horas de negociación.
Los sindicatos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) iniciaron una huelga el martes para protestar por la eliminación de las incapacidades del cálculo utilizado para pagar el aguinaldo, las prestaciones, la pensión y el salario escolar.
En el sector privado y en muchas instituciones públicas, si un empleado se incapacita tres meses, por ejemplo, ese período no es incluido a la hora de calcular el decimotercer mes.
En la CCSS, además de que se paga el equivalente al 100% del salario durante la incapacidad (para los demás trabajadores se da el 60%), la institución sí reconocía los meses no laborados en el aguinaldo.
Sin embargo, las autoridades de la entidad eliminaron ese beneficio con base en un criterio de la Procuraduría General de la República, según el cual el pago de la incapacidad es un subsidio y no un salario.
La presidenta de la Caja, Ileana Balmaceda, dijo que no pudieron ceder en ese punto pues el criterio de la Procuraduría es vinculante.
Entonces, se creará una comisión de seis integrantes (tres sindicales y tres de la CCSS), la cual recomendará alternativas para solucionar la falta de contribuciones al régimen de pensiones que sufren los trabajadores que se incapacitan más de 30 días.
Geovanny Ramírez, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), dijo que para ellos el asunto de las incapacidades era secundario.
Además, continuó, se propondrá una solución al problema de todos los asalariados y no solo a los de la Caja.
La comisión empezará a trabajar el 29 de julio y debe rendir un informe en tres meses. Eso sí, advirtió Balmaceda, la alternativa que se recomiende no puede implicar un costo extra para la Caja.
Otro grupo. En cuanto a la crisis financiera, los sindicatos exigían el pago de la deuda del Estado con la seguridad social.
Al respecto, las partes crearán una comisión de cuatro personas (dos de cada parte) para analizar tanto las obligaciones del Estado como las de los patronos. La primera reunión se efectuará en un mes.
El representante de ANEP sostuvo que dieron un primer paso.
La CCSS nombró anteayer otra comisión especial para analizar la crisis presupuestaria, mientras que el Gobierno se comprometió a adelantar un pago de ¢85.000 millones a la institución.
Adicionalmente, las autoridades de la CCSS se mantuvieron en la decisión de rebajar a los huelguistas los días que no laboraron.
Dos jornadas serán descontadas en la segunda quincena de julio; una en la primera de agosto y otra en la segunda de ese mes.
En lo que sí ganaron los sindicatos fue en el acuerdo de que no habrá represalias ni sanciones para los trabajadores que fueron a huelga, “como ha sido costumbre”, dice el documento firmado.
Las autoridades de la CCSS estiman que menos de un 10% de los 48.000 trabajadores se ausentó.
Según Ramírez, la prioridad de la huelga siempre fue el financiamiento de la entidad y, luego de 24 horas de negociación, todos flexibilizan sus posiciones.
Luis Chavarría, de la Unión de Empleados de la Caja, también calificó el acuerdo de satisfactorio.