Una mujer con cáncer de colon logró en abril del 2009 –tras presentar un recurso ante la Sala IV– que la Caja le entregara el medicamento Cetuximab, después de que se lo negaron porque no había presupuesto para comprarlo.
Esa paciente, cuya identidad es confidencial en el expediente judicial, representa uno de los 106 reclamos por medicamentos que fueron declarados con lugar durante el 2009 ante la Sala Constitucional.
Según la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), adquirir los productos exigidos por esos 106 asegurados significó un desembolso de $1,5 millones (el 1,01%) del gasto total en medicamentos, que ese año fue de $151 millones.
En el 2010 se presentaron 64 recursos y solo 32 fueron declarados con lugar. Esos medicamentos costaron $354.000 (el 0,22%) del total de compras, que fue de $161 millones.
Albin Chaves Matamoros, director de Farmacoepidemiología de la CCSS, admitió que cumplir esas obligaciones sale caro.
“El sistema judicial favorece el bien individual sobre el bien común. Los presupuestos para salud no son elásticos y la responsabilidad de las autoridades es evitar que la mayor parte de la población se quede descobijada”, manifestó.
El funcionario dijo que en todos los casos se entregaba un medicamento, pero la Sala los obliga a dar otro con el mismo principio activo aunque fabricado por una firma diferente y con costo más elevado.
Argumentó que siempre actúan respetando el derecho a la salud y consideró que los magistrados deben reconsiderar el criterio que tienen para aceptar los recursos y buscar una instancia técnica para resolver la discrepancia.
Rechazo. El magistrado de la Sala IV Fernando Castillo Víquez contestó: “Nosotros no constituimos la causa de los problemas financieros que atraviesa la institución, sino que están en otros aspectos”.
Agregó que la posición de los magistrados es clara pues dan crédito al alegato cuando el médico prescribe el medicamento. “Esa es la línea jurisdiccional y en los últimos casos no hay votos salvados (magistrados opuestos)”, afirmó.
Castillo, quien desde el 2010 investiga la incidencia de los fallos constitucionales en las finanzas de la Caja, dijo que el 90% de los recursos pidiendo medicinas son de pacientes con cáncer. “La situación es crítica y, si el medicamento falla, la persona pierde la vida”, recalcó.
Explicó que también han aprobado recursos para mejorar la atención y que se adquieran equipos.
“No hay estudios sobre el impacto de esos recursos, tal vez el único que puede incidir es la construcción del psiquiátrico”, dijo.
Castillo agregó que otros alegatos para que se brinde atención de emergencia en la Clínica de Cóbano, Puntarenas, y que a las mujeres con cáncer de mama se les aplique el acelerador lineal en vez de la bomba de cobalto, son razonables y son parte de los servicios de salud a que tiene derecho la población.