Luis Fernando Sibaja tiene un lote a 75 metros de su casa, en Zetillal de Santa Bárbara, Heredia, y quiere alquilarlo para una torre de telefonía celular.
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La razón es sencilla: “Para tener un ingreso extra y poder ayudarme en el estudio”.
Motivados por el mismo interés, muchos vecinos de Alajuelita, San José, desean que en sus propiedades haya una radiobase.
Inclusive, la escuela de San Felipe, un populoso barrio de ese cantón, pidió permiso para poner una torre en su terreno.
La solicitud la tramitó la junta de educación ante la Municipalidad, reveló Lilliana Vargas, asistente del alcalde. La gestión fue denegada por las condiciones del lote y el peligro que podía representar para los escolares.
De acuerdo con la funcionaria, uno de los problemas que enfrenta el gobierno local es el desbordado interés de los habitantes por acoger las torres para tener un ingreso extra, unos $400 al mes.
“Nuestra población es de escasos recursos y solo ve en esto una entrada de dinero; no le interesa el tema de la salud, la parte constructiva o la peligrosidad.
”Nosotros entendemos la necesidad, pero no podemos permitir que se coloque una torre cada 100 metros”, manifestó Vargas.
En Escazú , cantón colindante con Alajuelita, donde exclusivas urbanizaciones acogen a médicos, abogados o ingenieros, nadie quiere esas instalaciones.
Tal es el grado de presión de los escazuceños que la Municipalidad suspendió esta semana todos los trámites y permisos para instalar esa infraestructura en las comunidades.
El alcalde, Arnoldo Barahona, fue claro en que no se otorgarán permisos hasta no tener un reglamento específico para torres.
“Aquí la gente es muy exigente. Los vecinos de urbanizaciones alegan que por el temor, real o infundado, de las personas sobre la afectación a la salud por vivir cerca de una torre, sus propiedades pierden plusvalía si están cerca de una estructura”, dijo Barahona.
Escazú aprobó dos radiobases y tiene 20 solicitudes en espera. “Tenemos que buscar el equilibrio. Dar permisos, pero salvaguardando los barrios”, expresó el alcalde.
Algunos otros municipios cuyos pobladores tienen mejor nivel de vida y que muestran fuerte oposición a las torres son Montes de Oca, Belén y Curridabat.
El pulso. Aunque los costarricenses conviven con torres celulares desde hace 15 años, cuando el ICE trajo la tecnología al país, la llegada de los nuevos operadores ha despertado fuertes controversias.
Las firmas Claro, de la mexicana América Móvil, y Telefónica de España requieren sus propias antenas para desarrollar las redes con las exigencias fijadas por la Sutel.
Esto implica colocar más torres. La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) no ha dado la cifra, pero se estima en, al menos, el doble de las 1.542 del ICE.
La Sutel y los ministerios de Salud y de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) emitieron regulaciones mínimas que las empresas deberán acatar a la hora de instalar radiobases.
Con base en esas normas, las municipalidades, que son autónomas, deben reglamentar la colocación de radiobases.
Mauricio Ordóñez, arquitecto vecino de Sabanilla y quien forma parte de la Comisión Territorial de la Municipalidad de Montes de Oca, ha sido un crítico de la normativa acogida por Costa Rica sobre niveles mínimos de radiación, distancias de torres con las colindancias y altura de las antenas.
Para Ordóñez, el país debió haber adoptado regulaciones más fuertes, como lo han hecho naciones europeas, para proteger la salud de sus ciudadanos.
La Sutel, el Minaet y el Ministerio de Salud rechazan las críticas y alegan que científicamente no se han probado efectos en la salud. Además, porque la normativa se basa en parámetros la Organización Mundial de la Salud (OMS).