Sindicatos de educadores solicitaron al Ministerio de Educación Pública (MEP) pagar a más profesores el incentivo por trabajar en un distrito pobre.
Dicho beneficio lo depositó el Ministerio en las cuentas bancarias de 25.573 maestros y profesores la quincena pasada, que representan cerca del 40% del total de docentes que laboran para el MEP.
El pago, que se hace una única vez por año desde 1997, representó esta vez entre el 30% y 100% del salario. En total se giraron ¢14.500 millones, explicó Juan Antonio Gómez, director de Recursos Humanos del MEP.
El incentivo se otorga para que los educadores sigan dando clases en esas escuelas o colegios, aunque estén en un barrio pobre.
Para definir a los beneficiarios, el MEP utiliza el índice de desarrollo social , elaborado por el Ministerio de Planificación (Mideplan), pues así lo establece.
Dicho instrumento determina los distritos más deprimidos basados en indicadores como acceso a agua potable, embarazo adolescente, mortalidad en menores de cinco años e indicadores educativos, entre otros.
Según los acuerdos suscritos entre el Ministerio y los sindicatos de educadores, esa es la referencia para el pago.
Reclamo. No obstante, el gremio opina que algunos distritos recibieron una calificación mayor, por eso quedaron fuera de la lista.
Alexánder Ovares, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), aseguró que pidieron estudiar 43 distritos.
“La Comisión de Zona de Desarrollo (integrada por el MEP y sindicatos) analiza los casos y resolverá en octubre; tiene la potestad de hacer las incorporaciones”, dijo.
Líos. Leonardo Garnier, ministro de Educación, reconoció que dentro de los propios distritos con mejor ubicación en el ranquin, hay poblados más pobres.
Por ejemplo, citó Pavas, San José, que tiene buena calificación y, también, anillos de pobreza.
“En estos casos no es posible definir un distrito como de menor desarrollo para dar el incentivo a las escuelas o colegios ubicados en las zonas más pobres, que bien podrían merecerlo, porque eso obligaría a incluir a otros del distrito que están lejos de requerirlo”, afirmó el ministro Garnier.
Además, parte de las quejas de educadores se originan porque en la última actualización del índice, que se realizó en 2007, se excluyó algunos lugares porque mejoraron los indicadores. Por eso, el MEP les suspendió el pago.
“La Sala IV (en la resolución 2011007839) claramente establece que este pago no es un derecho sino un incentivo, y como tal puede dejar de ser pagado cuando los funcionarios ya no trabajan en un centro en zona de menor desarrollo”, justificó Garnier.