“No es mi estilo buscar culpables”, escribió la presidenta Laura Chinchilla a los cibernautas que entablaron con ella un diálogo, la noche del jueves, mediante la red social Twitter. El tema era la crisis en la Caja Costarricense de Seguro Social. Para la mandataria, lo importante es encontrar soluciones y “mirar hacia delante”.
A primera vista, el razonamiento puede pasar por generoso y pragmático. Agua pasada no mueve molino y lo más importante –nadie podría disputarlo– es resolver la gra- vísima situación financiera de una institución básica para la paz social y la estabilidad democrática.
El razonamiento es peligroso e impráctico. Si las autoridades renuncian al establecimiento de responsabilidades, sean administrativas, judiciales o políticas, no hay esperanza para el mejoramiento de la administración pública y el destierro de las malas prácticas.
Establecer responsabilidades es tan importante como encontrar soluciones. Además, es perfectamente posible ejecutar las dos tareas al mismo tiempo. La renuncia a encontrar “culpables” conduce inevitablemente a la impunidad y el encubrimiento. No se trata de seguir un impulso vengativo, sino de proteger los bienes públicos mediante la sanción jurídica o política, cuya existencia pierde todo sentido con el razonamiento de la mandataria
El país tiene derecho a saber cuáles son las verdaderas circunstancias financieras de la Caja, cómo llegaron a punto de crisis y quiénes son los responsables. Todos son datos indispensables, entre otras cosas, para dar sentido a los pregonados fundamentos de nuestra democracia.
Entre los responsables puede haber alguno con aspiraciones electorales futuras. Tenemos derecho a conocer su identidad para negarle el voto. Entre ellos quizá haya quien todavía ocupa un cargo público. Tenemos derecho a saber su identidad para formarnos criterio sobre su permanencia en el puesto. Identificar a los responsables es también identificar el desacierto de sus políticas, y tenemos derecho a asegurarnos de que semejantes errores no se repitan.
En suma, la renuncia al establecimiento de responsabilidades sustrae del conocimiento público elementos esenciales de la discusión democrática y resta a los ciudadanos criterios básicos para la toma de decisiones. Por todas estas razones, sentar responsabilidades no es un asunto de preferencia o “estilo” personal, sino una obligación del funcionario, sea cual sea su rango.
Sería injusto señalar que la mandataria corre el riesgo de sentar un peligroso precedente. Por el contrario, es perfectamente posible argumentar que actúa de conformidad con una larga lista de precedentes. Por eso estamos como estamos.