El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) denunció al diputado Justo Orozco ante la Fiscalía General por la presunta comisión de tres delitos a la hora de cobrar la deuda política del partido evangélico Renovación Costarricense.
En criterio del TSE, Orozco trató de que el Estado le reintegrara a su agrupación el monto de al menos 19 contratos con proveedores cuyas cifras están aparentemente infladas.
Se trata de gastos de la campaña electoral que lo llevó al Congreso para el período 2010-2014.
Debido a ello, el Tribunal denunció al legislador por falsificación de documentos públicos, falsedad ideológica y uso de documento falso. Las penas por esos dos primeros delitos van de dos a ocho años de prisión y, por el tercero, de uno a seis años.
Orozco, educador y abogado de 61 años, afirmó ayer que puede dar garantía de no haber cometido nada indebido. Según afirmó, el partido les delegó a coordinadores provinciales el poder de hacer contrataciones, por lo que “cada palo aguante su vela”.
Además, alegó que el Tribunal persigue asuntos insignificantes. “No nos dan nada y todavía nos molestan más”, dijo en referencia al hecho de que el Tribunal no le pagó la deuda política.
La denuncia se envió el viernes al fiscal general, Jorge Chavarría, de acuerdo con un documento en poder de La Nación.
Ahora, el Ministerio Público debe evaluar la denuncia y si considera que el caso debe continuar en la vía judicial, activaría un proceso para levantar la inmunidad del diputado.
Revisión. Esta denuncia tuvo su origen en la revisión que el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE hizo sobre los gastos de campaña de Renovación Costarricense.
Por cantidad de votos obtenidos, el partido tenía derecho a ¢400 millones de la deuda política, aunque reclamó ¢750 millones.
No obstante, el Tribunal solo le reintegró ¢6 millones al detectar inconsistencias en los contratos con proveedores de publicidad o transporte, los cuales se pagaron con bonos de deuda política.
Según la denuncia, el Departamento de Financiamiento de Partidos buscó personalmente a varios proveedores para corroborar el contenido de los contratos que Justo Orozco, presidente del partido, firmó y envió al TSE.
Así, el Tribunal encontró 19 personas que afirmaron haber sido contratadas por montos menores a los indicados por el grupo político.
Tal es el caso de Juan Carlos Vega Matamoros, quien distribuyó volantes en Naranjo, Atenas, San Ramón y Zarcero en la campaña.
Él afirmó ayer haber recibido 20 bonos de ¢50.000 cada uno para un total de ¢1 millón, pero Orozco remitió un contrato por ¢2 millones.
“Me disgustó que falsificaran la firma mía y dijeran que me habían dado 40 bonos cuando lo único que recibí eran 20”, manifestó.
Otros declararon haber firmado contratos en blanco y ver, después, montos mayores a los pactados.
Entre todos, estos 19 proveedores dijeron haber recibido ¢2,1 millones, pero el partido reclamó ¢6,5 millones por sus contratos.
Sin consumar. El diputado Orozco sostuvo ayer que está dispuesto a colaborar con la investigación. “Si algún coordinador (provincial) hizo algo incorrecto, hay que sancionarlo porque no nos parece.
”El partido quisimos abrirlo poco, metimos alguna gente que no es creyente, puede ser que por ahí ande al asunto”, expresó.
Pese a ello, el legislador adujo que el TSE persigue un asunto carente de importancia “porque no se consumó nada”, pues el pago de la deuda política fue rechazado.
La denuncia del TSE también menciona a la abogada Flora Segreda por haber autenticado los contratos. Anoche, ella explicó que verificó los convenios y sus firmas, pero el problema provino después.
“A la hora de entregar los bonos, no se les daba la totalidad, es una cuestión totalmente administrativa. Hubo incumplimiento”, dijo.