Con ocasión del debate alrededor del tema de la fecundación in vitro (FIV) y el rol de la Iglesia Católica en este, se ha retomado la discusión sobre la necesidad de un Estado laico. El artículo de Laurencia Sáenz del 27 de junio abunda en argumentos a favor de cambiar la condición de confesionalidad del Estado costarricense por una de laicidad y aboga por una “beneficiosa separación entre las instituciones estatales y las autoridades religiosas”.
Recordemos que en el 2009 se abortó en la Asamblea Legislativa un proyecto que pretendía reformar el artículo 75 de la Constitución Política. En esa oportunidad, el haber ligado dicha reforma con una desafortunada redacción para reformar también el artículo 194 –que pretendía excluir la referencia a Dios del juramento constitucional–, así como la coincidencia del debate con el proceso electoral, generó una radicalización de posiciones y actitudes intolerantes y fanáticas.
El punto final a este intento a favor de la laicidad del Estado lo puso la pusilanimidad de no pocos dirigentes políticos que retiraron su apoyo al proyecto. La posición asumida entonces por la jerarquía católica local a través de la Conferencia Episcopal fue de un contundente y feroz rechazo, en contraposición con los criterios de las autoridades vaticanas y del propio papa, tal vez por miedo a perder privilegios o por considerar que el proyecto tenía intenciones de irreligiosidad, ateísmo o anticlericalismo.
Podemos decir que con esa radicalización, los obispos costarricenses fueron “más papistas que el papa”.
Principio cristiano. Y es que el principio de separación del poder público es típicamente cristiano aunque en ciertas épocas y lugares no se haya observado a cabalidad. El papa Benedicto XVI lo reafirmó así cuando citando la encíclica Deus caritas est, señaló que “es propia de la estructura fundamental del cristianismo la distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios, es decir, entre el Estado y la Iglesia'”, y agregó que “la Iglesia no solo reconoce y respeta esta distinción y autonomía, sino que también se alegra de ella, porque constituye un gran progreso de la humanidad y una condición fundamental para su misma libertad y el cumplimiento de su misión universal de salvación entre los pueblos”.
Además, el Santo Padre al elogiar en el 2008 el Estado laico construido por Estados Unidos –con ocasión de su visita a ese país– expresó que “el Estado debe ser laico precisamente por amor a la religión en su autenticidad, que solo se puede vivir libremente”.
Por su parte, de forma clara y tajante, el Concilio Vaticano II defiende el Estado laico y no recomienda la existencia de un Estado confesional, si exceptuamos, por razones obvias, el Estado Vaticano.
Personalmente, puedo dar fe que la confesionalidad del Estado costarricense no es bien vista siquiera por las autoridades del Vaticano ya que así me lo hizo saber un alto funcionario de la Secretaría para las Relaciones con los Estados cuando me desempeñaba como embajador ante la Santa Sede. En el especial y cuidadoso lenguaje que caracteriza a la diplomacia vaticana, ese funcionario me expresó una clara censura a nuestro país por mantener a estas alturas del siglo XXI la disposición constitucional que la establece.
La vida política y social de nuestro país debe emanciparse de esa herencia confesional y evolucionar hacia un Estado moderno acorde con los nuevos tiempos ya que, como lo apunta Sáenz en su comentario, “todos los ciudadanos y ciudadanas, religiosos o no, tenemos mucho que ganar con un Estado laico”.