La empresa petrolera MKJ Xploration Inc. se amparó en el decreto Figueres-Castro de 1998 y logró firmar un contrato para exploración y explotación de hidrocarburos sin contar con estudios que analizaran el posible impacto sobre el ambiente vegetal, animal y humano que provocaría la actividad petrolera.
En agosto de 1999, la empresa concretó la firma del contrato correspondiente a la licitación petrolera 1-97.
La firma obtuvo la aprobación de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena), la cual aplicó, para dar esa autorización, una interpretación literal del decreto 26.750 firmado por el entonces ministro de Ambiente, René Castro Salazar.
En el caso de la firma MKJ Xploration Inc., también conocida como Harken Corporation, el contrato se aplicaba a una extensión territorial de 5.633 kilómetros en la zona del mar Caribe.
La petrolera pretendía construir una plataforma de extracción de crudo frente a las costas de Moín, en Limón.
La firma de ese contrato provocó una fuerte resistencia entre los sectores ambientalistas y los vecinos de la provincia caribeña, quienes se oponían al proyecto alegando que tanto la exploración como la explotación petrolera implicaban graves peligros de contaminación ambiental para el ecosistema de la región.
En febrero del 2002, la Setena declaró el proyecto de MKJ Xploration Inc. como “ambientalmente inviable”.
Hasta ese momento, la empresa alegaba que ya había realizado una inversión de $12 millones.
En mayo del 2002, el entonces presidente Abel Pacheco de la Espriella (2002-2006) declaró una moratoria a la explotación petrolera.
Como resultado de la moratoria petrolera se suspendió la actividad de la MKJ Xploration Inc. en Costa Rica.
La empresa reaccionó entonces reclamando por el incumplimiento del contrato firmado en 1999 y exigió al país una indemnización de $57.000 millones.
Actualmente, el reclamo de Harken se discute en el Juzgado Contencioso Administrativo y tiene un monto aún sin estimar.
Anteriormente, la empresa petrolera había intentado también reclamar el pago de $130 millones en una comisión de arbitraje de la Cámara de Comercio, pero la Sala I declaró que esa sede no podía resolver el caso.
La procuradora Ana Cecilia Arguedas señaló a principios del mes pasado que al Estado todavía no le han pedido contestar la demanda porque el expediente no ha sido completado.