Un decreto firmado en 1998, en los últimos días de la administración Figueres Olsen, permite ahora a la compañía petrolera Mallon Oil obtener del Estado costarricense un contrato en firme para exploración petrolera en la zona norte sin presentar un estudio de impacto ambiental.
El decreto fue emitido en una época en que se promocionaba la exploración petrolera y de gas en distintas áreas del país.
La decisión derogó 17 artículos del reglamento a la Ley de Hidrocarburos que exigían como requisito obligatorio contar con estudio de impacto ambiental antes de que una empresa pudiera obtener una adjudicación para exploración petrolera.
Se trata del decreto 26.750, el cual lleva la firma de René Castro Salazar, entonces ministro de Ambiente, y del presidente José María Figueres Olsen (1994-1998).
Allí se establece, como requisito “ suficiente” para que una compañía obtenga una adjudicación en firme, que la petrolera apruebe la fase de prospección.
Dicha fase consiste en recoger la información ya existente sobre el potencial petrolero del territorio dado en concesión, pero no evalúa el impacto que la exploración o explotación podría causar sobre la flora, fauna, recursos hídricos o ambiente humano.
Así lo confirmó el secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), Uriel Juárez Baltodano .
En la etapa de prospección solo se exige un “estudio de gabinete” y no un estudio de impacto ambiental completo, el cual sí es requisito para las etapas de exploración y explotación petrolera.
Mallon obtuvo en el 2000, hace 11 años, una licitación para explorar petróleo y la Setena le otorgó la “viabilidad” ambiental siguiendo los nuevos lineamientos del decreto emitido en 1998.
El exministro de Ambiente y actual canciller, René Castro, justificó el decreto en la necesidad de diferenciar la etapa de prospección, que tiene bajo impacto ambiental, de las etapas de exploración y explotación, que conllevan mayores riesgos para el ambiente.
“El problema de la ley anterior es que solicitaba un solo estudio de impacto ambiental, sin que se hubiere hecho la prospección y sin que fuera posible detallar en qué sitios se realizaría la exploración intensiva. Así , el estudio en cuestión sería hipotético, especulativo y poco detallado”, indicó Castro.
La derogación de los artículos que reglamentaban la Ley de Hidrocarburos recibió críticas de ambientalistas y el pasado 6 de julio el biólogo Freddy Pacheco interpuso un recurso de amparo solicitando declarar inconstitucional el decreto 26.750.
Si luego de firmado el contrato con el Gobierno –lo cual ocurriría este año– alguna entidad estatal denegara el avance de las obras por razones ambientales, el país se vería en aprietos legales, como sucedió años atrás con el contrato con la petrolera MKJ Xploration Inc.
Teófilo de la Torre, ministro de Ambiente, anunció ayer que pedirán a la estadounidense Mallon Oil ampliar el estudio preliminar de impacto ambiental, de manera que se incluyan los efectos del trabajo de campo. .
Alcance. El decreto Figueres-Castro no se imprimió en el tiraje usual del diario oficial. Se publicó como un “alcance” a La Gaceta del 17 de marzo de 1998.
El supervisor del litografía de la Imprenta Nacional, Orlando Brenes, explicó que los “alcances” son informaciones que se publican fuera de La Gaceta ordinaria y que, dependiendo del formato que tengan, se imprime una cantidad de ejemplares mucho menor que el tiraje usual del diario oficial.
“No se puede saber ahora cuántos ejemplares se imprimieron de ese ‘alcance’, pero en esa época (marzo de 1998) teníamos unos 3.500 suscriptores y dependiendo del ‘alcance’ se imprimían unos 150 ejemplares” explicó Brenes.
René Castro alegó que la publicación de los decretos era una responsabilidad ajena al despacho del ministro. “En aquella época, el Ministerio de Ambiente procedía a pagar una publicación cuando se requería, pero su ubicación la decidía la Imprenta Nacional puesto que tiene el mismo efecto jurídico la publicación en cualquier sección del diario oficial”, puntualizó.