La Sala IV ordenó al director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Carlos Acosta, colocar una nueva barrera de contención en la vía 32, después de que la anterior quedara destruida en un accidente de tránsito.
La Sala IV condenó, asimismo, al Estado “al pago de las costas, los daños y los perjuicios” causados.
La denuncia fue interpuesta, el 24 de mayo, por el paramédico Ricardo Hernández contra el Conavi y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Hernández manifestó que, como mínimo, tres vehículos se accidentaron en menos de un mes en el mismo punto de la vía 32, “aproximadamente, siete kilómetros después del túnel Zurquí, en el sentido San José-Guápiles”, según reza el recurso.
Acosta alegó que el recurrente no demostró que existiera una relación entre la falta de la baranda y los accidentes posteriores. No obstante, solicitó a la Gerencia de Vías y Puentes un informe sobre la vía, e indicó que su reparación tendría prioridad.
La Sala IV, en cambio, resolvió que “no es necesario demostrar el vínculo causal” y que “el Estado está en la obligación de actuar preventivamente”. Además, afirmó que, gracias al recurso, el Consejo Nacional de Vialidad solicitó el informe y se comprometió a darle prioridad al problema.
“El Estado no puede obviar la responsabilidad de la seguridad en las carreteras. Espero que, además de prevenir más accidentes, los familiares puedan ser indemnizados por los daños sufridos”, declaró Hernández a La Nación.
Este diario trató ayer de contactar con Acosta; sin embargo, no hubo respuesta.