La presidenta Laura Chinchilla dijo ayer que ignoraba la existencia de aportes de extranjeros durante la campaña electoral que le permitió llegar al poder.
“Yo no manejaba los detalles de las finanzas”, contestó cuando se le preguntó acerca de los casi ¢200 millones aportados por 27 sociedades pertenecientes a extranjeros, mediante la compra de bonos de la deuda política.
Este es un mecanismo que, aunque no viola la ley electoral, sirve de portillo para la injerencia de foráneos en unos comicios nacionales, según criterio del propio Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
“Sí me han explicado que todo está estrictamente apegado a la ley”, advirtió la mandataria ayer acerca de un mecanismo que podría ser utilizado hasta para encubrir donaciones, como lo ha manifestado el TSE.
La ley prohíbe a los extranjeros hacer donaciones a los partidos políticos, pero las sociedades integradas por foráneos sí pueden comprar bonos que al hacer la liquidación se tornan incobrables, lo que en efectos prácticos equivale a una donación electoral.
La Nación informó el miércoles de que esto ocurrió en la campaña de la candidata Laura Chinchilla, cuando su Partido Liberación Nacional (PLN) recibió más de ¢200 millones de sociedades integradas por estadounidenses, españoles y salvadoreños vinculados a empresas alimentarias, automotrices y cementeras. También hay un cogenerador de energía y azucareros.
El tesorero de esa campaña, Jorge Wálter Bolaños, insistió en que todo fue legal y que se trataba de “dinero bien habido”.
Entre los colaboradores financieros, están los salvadoreños propietarios de la empresa Centro Comercial Multiplaza, que también aportó ¢24 millones a la campaña del PLN en el 2006, cuando el candidato era Óscar Arias.
En la última contienda electoral, esta firma donó ¢28 millones, un monto igual al de la empresa de estadounidenses llamada Hutchins Automotive.
La atunera española Calvo entregó ¢22 millones, ¢7 millones más que los aportados por CW Playco, una desarrolladora de condominios en el Pacífico central.