La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) va camino a cerrar este año con un déficit de ¢92.626 millones que lo pondrá en serios aprietos para cubrir sus gastos.
Esta situación pone en jaque la atención que reciben los asegurados y el pago de incapacidades, así como el cumplimiento de otras obligaciones de la institución como los salarios de sus 48.000 empleados, las deudas con proveedores y la compra de medicinas.
Así lo advierte un extenso diagnóstico de la Auditoría interna de la Caja que concluye que el Seguro Social se encuentra “en un alto riesgo financiero”.
El estudio, concluido en mayo pasado, señala que, de seguir la tendencia actual, la entidad afrontará un problema de liquidez que será “un grave obstáculo para poder continuar con sus operaciones diarias”.
Ayer, durante una entrevista con La Nación, el gerente financiero de la CCSS, Manuel Ugarte, reconoció la compleja situación que atraviesa la entidad, pero rechazó que esta se encuentre financieramente quebrada.
El funcionario aseguró que el déficit proyectado por la Auditoría será solventado.
¿Cuál sería, a corto plazo, la solución? Que el Gobierno Central cancele a la entidad –a más tardar en un mes– al menos ¢124.258 millones de un total de ¢378.951 millones que le adeuda por cuotas del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM).
De hecho, desde febrero pasado, la CCSS mantiene negociaciones con el Ministerio de Hacienda para tratar de que el Estado haga un pago parcial.
De esos ¢124.258 millones que la Caja está pidiendo al Estado para este 2011, ¢54.000 millones corresponden al pago de la atención médica otorgada a indigentes que, de acuerdo con la ley, debe ser cubierta por el Estado.
Los restantes ¢70.258 millones se refieren al convenio que, en el año 2007, firmaron la Caja y el Gobierno para honrar parte de la deuda total del Estado con el Seguro de Salud.
Tres escenarios. El diagnóstico realizado por la Auditoría interna de la CCSS sobre el Seguro de Salud detalla tres posibles escenarios.
El primero de ellos es el que afronta la entidad en este momento: si el Estado no honra su deuda la Caja cerrará este año con números rojos, exactamente con un déficit de ¢92.626 millones.
Por supuesto, ese panorama no contempla el posible arreglo al que se llegaría con Hacienda para cubrir parte de la deuda.
Un segundo horizonte para la CCSS es que el Gobierno al menos le pague los ¢54.000 millones que le debe por la atención a indigentes.
Dicho desembolso, no obstante, resultaría insuficiente, pues el Seguro de Salud cerraría con un faltante de ¢38.626 millones al finalizar el año en curso.
El tercer escenario es el ideal: el Gobierno cancela toda su deuda y la Caja cierra con un superávit de ¢17.534 millones. Eso sí, sin dejar de tomar en cuenta que la entidad deberá echar mano a ¢32.219 millones que “sobraron” en el 2010.
Ese es otro problema que señala la Auditoría: la Caja ha tenido que utilizar todos sus superávits para poder cumplir a cabalidad con todos sus gastos.
De no haber tenido ese dinero adicional, la chequera de la entidad no habría alcanzado, infiere la Auditoría.
Confianza. Al respecto, el gerente Ugarte explicó que desde febrero entablaron negociaciones con el ministro Fernando Herrero, por lo que ve muy probable el acuerdo de pago y, por consiguiente, espantar el fantasma de la falta de efectivo.
Incluso, afirmó Ugarte, el miércoles anterior se realizó una reunión en Casa Presidencial para tratar el tema.
En el encuentro estuvo el ministro Herrero y el vicepresidente de la República, Luis Liberman.
Ayer se intentó conocer el criterio del jerarca de Hacienda sobre la factibilidad del acuerdo, pero debido a que se encontraba en una reunión no fue posible contactarlo.
Dos detalles. Según se explica en el diagnóstico de los auditores, el 70% del presupuesto de la Caja se consume en el pago de salarios.
Ugarte reconoció que solo el año pasado, el pago de “tiempo extraordinario” a médicos y similares rondó los ¢142.000 millones.
Por otra parte, la Auditoría también ve pertinente “estudiar si se propone a los distintos actores (...) una reforma para aumentar la prima de contribución, principalmente en el Seguro de Salud, partiendo de un estudio de valuación actuarial que permita determinar una nueva prima”. Eso significaría más rebajas en los salarios.