Atenas.EFE y redacción. En el plan de austeridad aprobado en el 2010, los griegos empezaron a sufrir las consecuencias de la crisis con el congelamiento de pensiones, recortes de salarios e impuestos, pero aún lo peor está por comenzar.
Para reducir el déficit público al 1% del PIB en el 2015, el Estado impondrá un “impuesto solidario” de entre 1% y 4% a las rentas más altas. Los altos cargos públicos pagarán 5 %.
También subirá en 300 euros anuales los impuestos a profesionales que trabajan por cuenta propia, como abogados, fontaneros o taxistas.
El impuesto al valor agregado (IVA) para bares y restaurantes pasa del 13% al 23 % y se refuerza la lucha contra la evasión fiscal y el trabajo informal.
El Estado pretende suprimir 150.000 empleos públicos, el 25% del total, para lo que no se prolongarán los contratos temporales y solo se sustituirá a uno de cada diez funcionarios que se jubilen. Los salarios, recortados una media del 12% el año pasado, volverán a ser reducidos, aunque aún no se sabe en qué cuantía.
Se suprimirán diversas prestaciones sociales para ahorrar 4.000 millones hasta 2015.
El Gobierno tiene en la mira la privatización de empresas de agua, refinerías, empresas eléctricas, el ATEbank, especializado en el sector agrícola, así como la gestión de puertos, aeropuertos, autopistas, derechos de explotación de minas y bienes muebles e inmuebles.