Los Estados de República Dominicana, Venezuela y Ecuador comparecerán desde hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sede en San José, en el marco de acusaciones contra ellos por violación de derechos básicos.
En este período ordinario de sesiones, que concluirá el 9 de julio, los jueces también estudiarán 15 resoluciones de otros casos para efectos de aplicación de medidas provisionales y supervisar el cumplimiento de sentencias.
La demanda contra República Dominicana es por la desaparición forzada, en mayo de 1994, del periodista Narciso González Medina por sus denuncias públicas contra el Ejército y el entonces presidente, Joaquín Balaguer, y su participación en un presunto fraude electoral en la elección general de 1994.
Ariela Peralta, subdirectora ejecutiva de la organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), explicó que el caso de González es emblemático al brindar contexto sobre la dictadura en ese país y “muchísimos años de exterminio físico y desapariciones que pocas veces se ha conocido”.
Cejil es representante adjunto en esta causa y las otras contra Ecuador y Venezuela, debido a su interés en denunciar problemas estructurales en estos países que propician las violaciones denunciadas y prevenir que se reproduzcan.
Asesinato de familia. A partir del miércoles, la Corte escuchará las declaraciones de una de las presuntas víctimas en la denuncia contra Venezuela por la supuesta persecución de la Policía de Aragua contra una familia, de apellido Barrios, la cual habría ocasionado la muerte de ocho de sus miembros, arrestos arbitrarios, amenazas contra la vida y allanamientos sin justificación que, conforme a los denunciantes, permanecen impunes.
Peralta agregó que este caso refleja un “grave problema” en Venezuela como es el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, “lo que termina en ejecuciones sumarias, usuales en barrios pobres materialmente, donde la Policía entra sin orden de allanamiento”, agregó la funcionaria.
“El nivel de asesinatos donde los cuerpos policiales están implicados, es enorme en Venezuela; por eso este caso es tan importante”, comentó Peralta.
El último proceso es el caso del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku contra Ecuador que acusa al Estado de brindar permiso a una empresa privada para actividades de exploración y explotación petrolera en su territorio ancestral; localizado en la provincia de Pastaza.
Los afectados alegan que el Ejecutivo ecuatoriano, actuó sin consulta previa a ellos y, con ello, pusieron en riesgo a la población al limitarse su acceso a medios de subsistencia localizados en sus tierras y su derecho a circulación en ellas.
Todas las audiencias se transmitirán en vivo desde el sitio web: www.corteidh.or.cr.