Con el voto de 37 diputados, el Congreso enterró ayer el proyecto de ley de libertad de expresión y prensa que estaba en discusión en el plenario legislativo.
Los congresistas negaron el voto para ampliar la discusión del plan de ley por cuatro años más, con lo que la iniciativa que pretendía actualizar la Ley de Imprenta, vigente desde 1902, irá al archivo.
La propuesta pretendía cambios al Código Penal, directamente a los delitos contra el honor señalados en los artículos 145, 146 y 147, que se refieren a injuria, difamación y calumnia, respectivamente.
Además aclaraba los límites para tipificar los delitos contra el honor para que los jueces puedan interpretar si media o no un “temerario desprecio a la verdad” en las publicaciones periodísticas.
Además, promovía excepciones a la aplicación de las penas por los delitos de injuria, calumnia y difamación, cuando en busca del interés público, reprodujeran informaciones o declaraciones de otros medios nacionales o extranjeros, siempre que se indicara la fuente.
El plan, impulsado desde el 2005 por la actual presidenta de la República, Laura Chinchilla, solo contó con el apoyo de los diputados del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y del Frente Amplio.
Los diputados presentes de las bancadas de Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Movimiento Libertario, Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional y Renovación Costarricense le dijeron no al plan.
Los congresistas del PLN se opusieron al proyecto porque “está mal concebido, no tiene ninguna razón de ser en estos momentos y amerita analizarse desde sus fundamentos”, opinó el verdiblanco Francisco Chacón.
Por su parte, la subjefa del PAC, Jeanette Ruiz, indicó dijo la iniciativa debía ser mejorada, pero al estar ya en plenario se limitaba la posibilidad de reformarlo.
Lo lamentan. El jefe del PASE, Víctor Emilio Granados lamentó el resultado de ayer y dijo que presentará una nueva propuesta de ley.
Una posición similar expresó el director del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), Alejandro Delgado. Calificó de “lamentable” el entierro del plan.
“El país pierde la oportunidad de ajustarse a los estándares internacionales de libertad de expresión, y expone al Estado a nuevas demandas a través del sistema interamericano de derechos humanos”, dijo Delgado.
La reacción del Colegio de Periodistas fue de molestia: “Hay enemigos a los cambios en este país y estos enemigos impactaron en la voluntad de los legisladores que no permitieron siquiera discutir el proyecto”, expresó el presidente de ese foro, Raúl Silesky.
“Era muy difícil que establecieran normas que pudieran afectarlos”, concluyó Silesky.