El préstamo de $19 millones del BID estaba hace una semana casi asfixiado por la dinámica legislativa, las dudas de los opositores y la supuesta prontitud de la fecha de caducidad, pero ayer quedó aprobado en primer debate con el apoyo de todos los diputados, de todos los colores.
Así de sorpresiva está la Asamblea Legislativa.
Los opositores, que cuestionaban los $2 millones que se dedicarían a consultorías y exigían una distribución preliminar de los recursos, terminaron ayer poniéndose de pie para dar por aprobado el préstamo destinado a mejorar la capacidad turística de las áreas silvestres protegidas.
Atrás quedaron las mociones y la presión del oficialismo, que llegó incluso a ocultar la fecha límite real para aprobar el crédito. Se decía que era este jueves 30 junio, pero el día cierto es el 31 de julio, aclaró el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Eso molestó a los diputados opositores, pero no tanto. Incluso el legislador José María Villalta, de Frente Amplio, acabó dando el apoyo al crédito. Villalta solo pidió a cambio que le aprobaran una moción para que las comunidades aledañas a las áreas protegidas puedan beneficiarse con el desarrollo turístico.
“Se votó por unanimidad porque creemos en el crédito, pero estamos molestos con las acciones de Liberación Nacional. No jugó limpio”, dijo Villalta.
El Gobierno se comprometió por escrito a cumplir esa demanda y también a reglamentar la contratación de consultorías y las concesiones de obras que se construirán en las áreas protegidas.
Estas obras podrían ser senderos, puestos sanitarios, puestos de información, accesos y parqueos, dijo anoche la directora del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), Giselle Méndez, quien se declaró “feliz” con la votación.
El ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, destacó la posibilidad de invertir en áreas que, a pesar de ser rentables para atraer turistas, están en condiciones inadecuadas.
Es probable que la votación definitiva se dé este jueves, con lo cual al crédito solo le faltaría la sanción de la presidenta Laura Chinchilla.