La construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Cocles de Talamanca, Limón, despertó las quejas de la comunidad, temerosa ante la posible contaminación de los ríos.
La mayoría no se opone al proyecto, pero desconfía de la institución que está a cargo, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), a la que le atribuyen “escasa información y transparencia”.
“No sabemos qué tipo de planta van a hacer, qué tipo de contaminación va a ser. Necesitamos escuchar para poder llegar a una conclusión”, dijo Adriana Manso-Sagao, vecina de la localidad.
La planta de tratamiento forma parte del proyecto de sistema de alcantarillado sanitario para Puerto Viejo y Cocles, comunidades usuarias de tanque séptico o drenaje. Está financiado en un 60% por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y tendrá una inversión de $3.570 millones.
El proyecto beneficiará a unos 10.058 habitantes para el 2025.
La desconfianza comenzó hace un año, cuando algunos vecinos encontraron a topógrafos del AyA dentro de sus fincas en busca de posibles terrenos. Entre ellas, los técnicos ingresaron dentro de la reserva indígena Këköldi, pese a no contar con su aprobación.
Según la institución, se está negociando un terreno a nombre de un propietario de apellido Pacheco. Sin embargo, el alcalde de Talamanca, Melvin Cordero, afirmó que esta propiedad ya fue adquirida por el AyA.
No obstante, el terreno se encuentra en litigio en los tribunales de Bribri por un delito de usurpación. La denuncia fue interpuesta por Marta Johnson, quien alegó ser su legítima propietaria.
No en Cocles.La ubicación de la planta es la principal queja de los vecinos, que ven “ridículo” trasladar las aguas residuales desde Puerto Viejo hasta el río Caño Negro de Cocles (unos 4 km), un afluente limpio, sin apenas caudal ni corriente.
“Puede afectar a la salud, al medio ambiente y a nuestra forma de vida. El río va a caer al refugio de vida silvestre y es la zona recreativa de la gente joven de nuestra comunidad”, señaló Emilio Gómez.
Sin ser precisos, los lugareños temen que detrás de la obra haya “fuertes intereses económicos” para el desarrollo turístico regional.
El alcalde, quien también reconoció su desconocimiento sobre la planta, se mostró optimista: “Ninguna institución del Estado va a ser irresponsable y va a venir a crear un daño por solucionar otro”.