El Ministerio Público citó a los obispos Hugo Barrantes, Francisco Ulloa y Ángel Sancasimiro, así como al sacerdote Guillermo Godínez, para que declaren en la investigación que la Fiscalía sigue por el presunto delito de intermediación financiera ilegal en Servicios Pastorales de la Iglesia católica.
Así lo confirmaron la fiscala adjunta de la Unidad de Casos Especiales del Ministerio Público, Giselle Rivera, y el abogado defensor de los prelados, Carlos Vargas Pagán.
El Ministerio Público investiga si se cometió o no delito en una serie de operaciones financieras que se llevaron a cabo entre marzo del 2005 y agosto del 2007, en diversas cuentas bancarias, en Costa Rica y Panamá, relacionadas con la Iglesia católica nacional.
La intermediación financiera al margen de la ley es un delito con penas de tres a seis años de cárcel.
La fiscala puntualizó que citó primero al arzobispo de San José y presidente de la Conferencia Episcopal (Cecor), monseñor Hugo Barrantes , quien comparecerá el próximo martes, 31 de mayo.
La declaración de los obispos y del sacerdote no será en calidad de imputados, precisó Rivera.
Agregó: “Les dije que vayan con su abogado, no los voy a indagar todavía. Esta investigación, por ahora, es por el delito de intermediación financiera ilegal” .
El abogado Carlos Vargas Pagán aseveró que la citación la solicitaron los obispos y aclaró que ellos declararán como testigos y no como acusados.
“Es importante que los obispos declaran como testigos de los hechos irregulares que pasaron en Servicios Pastorales”, recalcó el profesional.
Ayer por la tarde se intentó, sin éxito, conocer la opinión de los obispos mediante al vocero de la Cecor, sacerdote Javier Román Arias.
Aviso a los sacerdotes. El arzobispo metropolitano, monseñor Hugo Barrantes Ureña, informó de la existencia de esta citación judicial a todos los sacerdotes mediante una declaración que publicó en la página web de la Cecor.
En ese comunicado, calificó la citación judicial como “un acto normal de un proceso que, esperamos, llegue pronto a su fin”.
Barrantes expresó a los sacerdotes: “Fuimos engañados, abusando de nuestra confianza. Nuestras disposiciones y acuerdos no fueron debidamente cumplidos por algunos responsables directos, por lo que iniciamos, inmediatamente, al interno de Servicios Pastorales, una investigación de auditoría financiera y legal que evidenció esta desafortunada actuación; además de otras graves irregularidades ocurridas en Servicios Pastorales”.
En su comunicado, el arzobispo alegó que él y sus pares no tenían conocimiento de las irregularidades que se habrían cometido.
Operaciones controvertidas. En abril del 2008, una investigación de La Nación reveló que en las cuentas bancarias de Servicios Pastorales se captaba dinero de inversionistas costarricenses y extranjeros, que esos fondos se utilizaban para operaciones de préstamo y se invertían por medio del Grupo Sama, firma de la cual la Iglesia es accionista.
El trabajo puso al descubierto además que parte de ese dinero se prestó a una empresaria suiza que administró fondos de políticos relacionados con la Cosa Nostra (mafia italiana asentada en Sicilia).
En mayo del 2008, tras efectuar una investigación propia, el entonces superintendente general de entidades financieras, Óscar Rodríguez Ulloa, concluyó que tenía “ indicios fundados para afirmar la existencia de una operación de intermediación financiera ilegal, y denunció a la Cecor.