La clase media es un pilar de nuestra democracia y su expansión, un objetivo necesario de la política gubernamental, pero la realidad económica del país dificulta dotar a buena parte de ese sector social de uno de los elementos que deberían definirlo: la vivienda propia.
Hogares con ingresos de entre ¢1,1 y ¢1,9 millones no pueden aspirar a un préstamo suficiente para colmar la aspiración de tener un techo propio y tampoco son elegibles, por exceso de ingresos, para obtener ayuda estatal similar a los bonos dispuestos para los sectores más empobrecidos.
Un reportaje de La Nación, publicado el lunes 16 de mayo, recoge estimaciones de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) sobre el valor promedio de una casa de 90 metros cuadrados en zona urbana. El precio de una vivienda con esas características ronda los ¢65,8 millones. La comparación de esa suma con los ingresos familiares promedios demuestra que el 93% de los hogares costarricenses no tiene posibilidades de obtener un crédito suficiente; eso sin contar que los bancos normalmente financian entre el 80% y el 90% del valor del inmueble.
El camino está cerrado en un país donde casi la tercera parte de los hogares (29%) no tienen techo propio. Condenadas al pago de alquiler, las familias de clase media sufren una sangría económica que no les permite construir un patrimonio. Esa circunstancia socava importantes bases de la estabilidad social. Guillermo Carazo, presidente del Comité de Vivienda de la CCC, describe la situación como una “bomba de tiempo” y señala una grave regresión en las circunstancias de muchas de esas familias que, hace apenas cinco años, habrían tenido acceso a una vivienda.
En el tema no hay mucho debate, porque las propias autoridades, incluida Irene Campos, ministra de Vivienda, reconocen omisiones en la acción estatal. Según la Ministra, poco se ha hecho por mejorar la oferta de casas para la clase media, aunque señala un avance en el panorama crediticio, atribuido por ella al efecto de una nueva línea de crédito del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Existe, además, el programa del bono diferido, a cuyo amparo familias con ingresos hasta de ¢1.121.000 podrán hacerse de un bono de vivienda total o, cuando menos, parcial.
No es suficiente. Los recursos destinados a bonos siempre serán limitados en relación con las necesidades y es cuestionable si este sector de la población debe ser atendido mediante la entrega de vivienda sin dar nada a cambio. Ese mecanismo, propio del bono tradicional otorgado a los grupos más necesitados, limita el número de beneficiarios mucho más de lo que sería esperable en un esquema de financiamiento accesible, pero con exigencia de pago.
La clase media visita los bancos, dispuesta a pagar por su vivienda, pero las opciones se le cierran cuando las instituciones crediticias hacen el análisis financiero. Ahí está el problema y también en los costos de la construcción. El mercado simplemente no ofrece posibilidades de vivienda accesible y atractiva para este sector de la población.
Óscar Alvarado, de la Cámara de Bancos, visualiza el problema como una oportunidad de negocios para las entidades financieras y también para las empresas constructoras. “La clase media es un nicho con una demanda creciente que todavía no se ha atendido... (pero) no se ha desarrollado una oferta de vivienda para la clase media. Existen viviendas de bajo costo que no llenan las expectativas' y de alto costo que no son accesibles”. Ese es el dilema y un esfuerzo conjunto de la empresa privada, y el Estado podría ser la solución. El problema apremia y sus previsibles consecuencias políticas y sociales tienen entidad suficiente para fijarlo entre las prioridades de la gestión gubernamental.