La indignación de los vecinos del barrio Las Orquídeas, en Goicoechea, opuestos a tener en su comunidad a dos reos mexicanos bajo arresto domiciliario, pesó ayer para que un juez decidiera, al menos por ahora, mantenerlos en la cárcel La Reforma.
La protesta contra la llegada de los investigados por narcotráfico, concluyó con la decisión del juez penal de Pavas, Joaquín Hernández, de congelar el fallo de casa por cárcel para los foráneos dictado por una colega suya.
Ahora, el mismo juzgado revisará el martes la orden de una jueza y resolverá definitivamente si los hombres pasan a una casa o continúan en prisión.
Los sujetos, de apellidos Martínez y Mendoza, son indagados por su presunta relación con la avioneta cargada con 177 kilos de cocaína, que se estrelló el 10 de octubre pasado en el cañón del río Torres, tras despegar del aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, con destino hacia Guatemala.
Fiscalía alegó. Ayer, Hernández acogió un pedido de la Fiscalía para suspender el arresto domiciliario hasta que los mexicanos señalen un domicilio en los términos que fijó la jueza Kattia Jiménez, del Tribunal Penal de Pavas.
El 10 de mayo, ella cambió la prisión preventiva de los imputados por casa por cárcel.
La orden no se ha ejecutado debido a los problemas de seguridad en las dos viviendas que figuraron como opciones para albergar a los presos: un condominio en La Sabana y la casa de Goicoechea.
Desde las 12:30 p. m. y hasta la noche, los vecinos de Las Orquídeas bloquearon la calle con obstáculos y exhibieron pancartas para mostrar su disgusto porque se permitiera a los reos alquilar una casa de la zona.
Según la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia, Hernández frenó el traslado de los reos luego de que la Fiscalía le informó de la oposición vecinal y que además la vivienda no reúne condiciones para que la Fuerza Pública la vigile adecuadamente.
Esa tesis fue respaldada por el ministro de Seguridad, Mario Zamora, quien afirmó que de ubicar a los foráneos en ese lugar, se mantenía el riesgo de fuga o de una agresión contra los sospechosos.
Otro factor que alega el Ministerio de Seguridad es el costo de mantener policías apostados en una casa para custodiar a los reos durante los cuatro meses que dura al arresto: inicialmente, ¢62 millones.
Adelanto. Ayer por la mañana, la Fiscalía supo que los mexicanos contaban con esa casa de alquiler y que había una orden para que los enviaran a ese sitio desde La Reforma. Ante ello, pidió al Juzgado Penal de Pavas que se adelantara una audiencia, fijada para hoy, con el fin de solicitar que se les mantuviera la prisión preventiva.
Los dos mexicanos fueron llevados a esa sede judicial a media tarde pero sus defensores no acudieron, lo cual impidió la audiencia. Leonel Villalobos, uno de los abogados, dijo a las 3:20 p. m., por celular, que no le comunicaron de la cita.
Pese a estos hechos, el juez atendió a la Fiscalía y optó por congelar el fallo de arresto domiciliario, al menos hasta el martes.
Los mexicanos fueron detenidos por un policía en la frontera norte un día después de la caída de la aeronave cuando salían, ilegalmente, hacia Nicaragua. El oficial narró que intentaron sobornarlo.