Cuando Donny Rojas y Cindy Navarro contrajeron matrimonio, se mudaron a un apartamento con la ilusión de vivir algún día en su propio hogar.
Sin embargo, siete años después, están lejos de ese sueño: comparten el mismo techo con los papás de Cindy, en Alajuela, y las continuas visitas a los bancos en busca de ayuda no hacen más que aplastar sus ilusiones.
“El crédito que me ofrecen no es suficiente para construir una casa, pero me dicen que no soy elegible para un bono. Se me han cerrado las puertas por todo lado”, comentó Rojas.
La pareja y su hija Sharon corforman una de miles de familias de costarricenses que luchan contra opciones crediticias que se alejan de los costos reales de construcción en el país.
Según datos de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), el precio promedio de una casa de 90 metros cuadrados en una zona urbana actualmente ronda los ¢65,8 millones. En el 2000, esa misma estructura costaba ¢16,7 millones.
No obstante, en este momento solo el 7% (88.000) de hogares costarricenses tiene ingresos suficientes para optar por un préstamo para comprar una vivienda con esas características.
Eloísa Ulibarri, directora ejecutiva de la Fundación para la Promoción de la Vivienda (Fuprovi), señaló que el escenario se complica porque los bancos normalmente prestan entre un 80% y un 90% del avalúo.
“Si el avalúo es de ¢50 millones, la entidad financiera prestará alrededor de ¢40 millones, lo que significa que la familia debe aportar unos ¢10 millones”, explicó Ulibarri.
Según datos de Fuprovi, el 29% de los 1.281.000 hogares ticos carece de una vivienda propia.
Se trata de 371.000 hogares, de los cuales, 35.000 ganan entre seis y 10 salarios bases (entre ¢1,1 millones y ¢1,9 millones), por lo que no tienen acceso a un bono al tener ingresos “muy altos”.
No obstante, tales ingresos son insuficientes para optar por un crédito de al menos ¢50 millones.
Estos hogares resuelven sus necesidades de vivienda con casas prestadas, compartidas o alquiladas, pero en caso de querer una vivienda propia, sus posibilidades serían mínimas.
Guillermo Carazo, presidente del Comité de Vivienda de la CCC, advirtió que el porcentaje de familias en esta situación se ha disparado en los últimos años.
“Hay un 20% o 30% de la población que hace 5 años tenía acceso a una vivienda y que hoy ya no la tiene. Tenemos un crecimiento quinquenal de hasta el 30% de personas que no tienen acceso a vivienda y eso es una bomba social de tiempo”, señaló Carazo.
Avances y retrocesos. En una entrevista con La Nación, el 14 de abril, la jerarca del Ministerio de Vivienda, Irene Campos, sostuvo que el escenario crediticio ha mejorado en el país significativamente y que las entidades financieras han abierto nuevas líneas de crédito para la clase media.
“Ese logro es resultado del lanzamiento de una línea de crédito del INVU en enero que dinamizó a los demás bancos”, aseveró.
Campos también rescató la aprobación del Bono Diferido en el Congreso, lo cual permitirá a familias con ingresos hasta de ¢1.121.000 acceder a un bono de vivienda total o parcial.
Sin embargo, Campos reconoció que en el ámbito de la oferta de vivienda para clase media, el Estado ha hecho poco.
Durante un foro que organizó sobre la vivienda de clase media, el diputado Víctor Hernández, del Partido Acción Ciudadana (PAC), advirtió que las políticas gubernamentales han abordado los problemas de vivienda desde una perspectiva asistencial.
“Es importante que el Estado se interese por el sector de clase media que no requiere de asistencialismo, sino de políticas que faciliten la obtención de una casa”, aseguró Hernández.