Cambiamos de ministro de Seguridad, pero la DIS sigue intacta, pese a sus abusos semidelincuenciales y su condición de instrumento con disfraz policial y antinarco, cuando es, en realidad, una Policía política. Pese a sus actos ilegales, nadie la toca. ¿Quién te protege, palomita?
Cambiamos de ministro de Seguridad, pero la DIS sigue intacta, pese a sus abusos semidelincuenciales y su condición de instrumento con disfraz policial y antinarco, cuando es, en realidad, una Policía política. Pese a sus actos ilegales, nadie la toca. ¿Quién te protege, palomita?
Mantener este Frankenstein político, sea quien sea el que lo administre, es un grave error presidencial, que incluye a todo el sector de seguridad y el área de justicia del Ejecutivo, amén de ser una falla en el control político de la Asamblea y una agresión a los derechos ciudadanos.
Si hoy la orden de la Sala IV contra los retenes arbitrarios no se cumple y la Policía ni trata de cubrir las formas –según insolentes declaraciones de prensa y órdenes de Presidenta y Ministro–, ya podemos imaginar lo que ocurre con la intocable DIS, que sigue como perro sin dueño. El que dependa del Ministerio de la Presidencia y no del de Seguridad, no salva el punto, sino que lo empeora. Porque, ¿cuál es el Ministerio más político de todo Gobierno? El de la Presidencia, que es el que hoy la maneja y recibe la información que le solicita. ¿Por qué no hay dinero para otras cosas urgentes e importantes y para esto sí?
No es de cualquier cosa de la que se ha acusado a la DIS: desde favorecer a narcos y ayudar en su huida, hasta violentar la vida privada y el Estado de derecho. Hoy, su jefe es una especie de “zar a la tica”, caricatura del borroso zar antidrogas de los Estados Unidos. Su función es repetir lo que le cuentan, recitar los cursos que le da la DEA, informar a la prensa los hallazgos del OIJ, y desvivirse defendiendo lo que alguien, desde arriba, le dice que defienda.
En tanto, “su” DIS resultó plagada de falsificadores de documentos, falsarios de identidad e inventores de credenciales; de gente desmerecedora de toda confianza en este servicio y a quienes –¡horror de horrores!– se les habían encargado algunas de las tareas más delicadas. El OIJ ha pedido hacer una revisión de la entidad, por estas razones y, supongo, otras más que no nos dice. Pero eso es muy poco para un mal letal como este. Hace rato había que cerrar la DIS, que jamás debió haber nacido. Ese injerto en el sistema democrático, hay que abrirlo, investigarlo y luego arrancarlo de raíz.
La Asamblea debe cortar por lo sano. Entrarle al tema ya con seriedad, examinar en detalle lo que ahí se ha hecho, por orden y para servicio de quién, disolverla, emitir una ley que abarque el tema en todos sus aspectos y garantice controles y derechos democráticos; y se asegure de que lo que se va a crear estará al servicio de Costa Rica. Porque hoy por hoy, sabrá Dios quién realmente manda allí y a quién o quienes estará sirviendo.