La pretensión opositora de tomar control del Directorio legislativo no tiene precedentes en la era inaugurada por la Constitución de 1949. El lector de buena memoria señalará lo sucedido en los gobiernos de don Mario Echandi y don José Joaquín Trejos para desmentir la afirmación; pero ¿son aquellos acontecimientos realmente comparables?
Para comprender las diferencias que impiden la comparación basta analizar el ejemplo más dramático, la Administración Trejos. Entre 1966 y 1970 el Partido Liberación Nacional (PLN) arrebató a las fuerzas de don José Joaquín el control del Directorio legislativo. En ningún momento de la administración disfrutó el expresidente de un Directorio afín a su proyecto de gobierno, pero las condiciones políticas del momento impiden derivar de ahí lecciones para la oposición actual.
La oposición estaba consolidada en torno a un solo partido, una fuerza dominante con una clara definición ideológica y una coherente visión del futuro. La socialdemocracia, en todo el mundo, haría una profunda revisión de sus planteamientos en la década del ochenta, pero, en aquel entonces, abrazaba con entusiasmo un programa bien definido, que le proporcionaba cohesión e identidad al punto que el PLN se constituyó, por años, en la agrupación política más consolidada del país.
Había movimiento de juventudes, sindicatos y otras organizaciones sociales. Los contactos con las instituciones socialdemócratas del mundo eran intensos, y los ideólogos debatían tesis partidarias en centros de estudios como el fundado, en su momento, en La Catalina.
Durante el gobierno de don Francisco Orlich, Liberación Nacional había consolidado el rumbo marcado al país por su inclinación ideológica. Nadie en el partido cuestionaba la nacionalización bancaria ni los monopolios estatales. Antes bien, el momento de esplendor del Estado empresario estaba a una década de distancia, y todos los esfuerzos se concentraban en hacerlo realidad. De la mano del PLN, el país abrazaba el modelo “cepalino”, pretendía industrializarse por medio del proteccionismo, la sustitución de importaciones y el ingreso al Mercado Común Centroamericano.
En los comicios de 1966, el PLN perdió las elecciones presidenciales por un estrechísimo margen de 4.000 votos. Tan escasa diferencia ponía en peligro el desarrollo de su proyecto económico, social y político a manos de un presidente de tendencias más liberales. Era imprescindible tomar control del Directorio para impedir, desde la Asamblea Legislativa, lo que los liberacionistas de la época entendían como un retroceso.
El Directorio opositor, en esas circunstancias, fue un acto de gobierno en el mejor sentido de la palabra. Los objetivos estaban de sobra definidos y sus ejecutores, coaligados en una sola fuerza y estructura. Fue un impasse, un puente tendido en el tiempo mientras el PLN se reagrupaba en torno a la figura de don José Figueres para ganar las elecciones de 1970 y luego las de 1974, con Daniel Oduber, el candidato derrotado por Trejos.
La oposición que hoy pretende adueñarse del Directorio, so pretexto de “darle rumbo al país”, está lejos de tener la misma coherencia. En ese sentido, la propuesta, si prospera, es totalmente inédita. El PLN de los sesenta no se vio obligado a negociar los puestos del Directorio como hoy lo hace la oposición y mucho menos a tomar previsiones para evitar una “traición”. Más importante aún, no tuvo necesidad de improvisar una agenda de consenso.
Las intenciones del PLN iban mucho más allá de castigar al Ejecutivo. Pretendía estorbar a Trejos en cuanto hiciera peligrar el rumbo que los liberacionistas le venían marcando al país desde sus administraciones anteriores. Sabía para qué quería el Directorio y tenía una justificación ideológica para oponerse, con vehemencia, al manejo de la Asamblea por los diputados oficialistas.
La oposición de hoy es una entidad fragmentada, si se le puede llamar entidad. La componen fuerzas opuestas del espectro ideológico. No tiene un proyecto para el país, sino una colección de proyectos, contradictorios entre sí. La une el rechazo a determinadas iniciativas del Gobierno, como el plan fiscal, pero jamás será capaz de ofrecer una alternativa. Está condenada a lograr el consenso sobre la base de propuestas inocuas, alejadas de los problemas más urgentes.
Si persiste en este inédito esfuerzo, la alianza opositora –apta para ejercer el control político, pero no para cogobernar– asumirá una grave responsabilidad cuyos costos son hoy inestimables, como corresponde a todo ensayo político sin precedentes.