Los diputados Carmen Granados y Carmen Muñoz, del PAC, y Luis Fishman y Rodolfo Sotomayor, del PUSC, corrieron ayer para ponerse al día en el pago de sus cuotas obrero-patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Los congresistas recibieron “con sorpresa” la información que circuló en redes sociales de Internet a través de la página El infierno en Costa Rica , durante el fin de semana, y que dio cuenta de sus deudas con el sistema de seguridad social del Estado.
Para la diputada de Acción Ciudadana (PAC) Carmen Muñoz, su deuda por ¢291.978 responde a una confusión de su parte pues al dejar su profesión como diseñadora gráfica independiente, no cerró su relación patronal con la Caja.
“Desde el 1.° de mayo trabajo como diputada, pero no se registró el cambio”, expresó la legisladora.
Su compañera de bancada, Carmen Granados, achacó el problema al sistema de cobro por Internet de la Caja pues aseguró que la obliga a pagar con un mes de retraso.
“Yo hago los pagos por Internet, pero cuando entro a pagar no me deja”, afirmó Granados.
La legisladora aparece con una deuda por ¢117.022 correspondientes al mes de abril.
“Errores”. El diputado Fishman, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó que ayer mismo se puso al día con la entidad, y achacó el problema a un error en su oficina.
“Entre octubre y noviembre la secretaria no mandó a pagar las cuotas y aparecí en la lista, pero ya se pagó”, declaró Fishman.
El socialcristiano presentaba hasta ayer una deuda de ¢296.143.
En el caso de Sotomayor, el congresista indicó que su deuda de ¢221.044 también se debió a un error y afirmó que sería solucionado hoy mismo.
El congresista, aparte de diputado, se mantiene activo como profesional liberal en su despacho de abogado en Puntarenas.
Los congresistas morosos están en la lista de quienes deben ¢37.444 millones a la Caja, según un reporte a enero de 2011 del semanario El Financiero.
Los legisladores se sumaron al cuadro de morosos con la entidad, entre los que están desde equipos de futbol hasta pequeñas, medianas y grandes empresas, lo cual implicaría responsabilidades judiciales en caso de que sean llevados a a los tribunales.
Como morosos, los diputados se exponen a quedar imposibilitados para efectuar trámites ante instituciones públicas y al pago de intereses por sus respectivos retrasos.
El 8 de marzo pasado, la Auditoría Interna de la CCSS advirtió que la entidad registrará un déficit de ¢41.000 millones este año, lo cual “evidencia una situación de riesgo para la institución”.
Según la Auditoría, la entidad se expone a graves problemas financieros, lo cual obligó a la institución a un replanteamiento en el manejo de sus recursos y al cobro de las deudas, entre las cuales se cuentan las de los diputados.