San José (Redacción).El país pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) asesoría para resolver el conflicto entre el ICE y la comunidad indígena de Térraba, cuyos territorios se requieren para la construcción de una planta hidroeléctrica en Buenos Aires de Puntarenas.
Con ese objetivo, del 25 al 27 de abril estará aquí el relator especial de ONU sobre derechos humanos de los pueblos indígenas, James Anaya.
“Él visitará el proyecto El Diquís, en vista de las preocupaciones que han surgido en torno a una eventual afectación a los derechos indígenas por este proyecto”, dijo Carlos Roverssi, viceministro de Relaciones Exteriores.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) requiere de 7.000 hectáreas, 900 en reserva indígena para levantar la planta hidroeléctrica con una capacidad instalada de 630 megavatios (MW). La intención es que estuviera en funcionamiento en el 2016.
Por el uso de estos terrenos, la Asociación de Desarrollo Integral de la Comunidad Indígena de Térraba presentó una demanda contra el Estado, el ICE y un particular ante el Juzgado Contencioso Administrativo.
Entre sus reclamos está la violación a la “inalienabilidad” de los territorios indígenas, protegida por la Ley Indígena y el Convenido 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Anaya viene al país, precisamente, para asesorar al Gobierno y al ICE en estos temas.