Es importante que los costarricenses mantengamos una perspectiva clara respecto a lo que sigue para el humedal Caribe Noreste y los humedales transfronterizos con vista en la resolución de La Haya del 8 de marzo pasado.
Una de las primeras implicaciones de la decisión es la insistencia de la Corte en que ambos países trabajen juntos para resolver los retos que implica el mantener la sostenibilidad en el uso y manejo de la cuenca común del río San Juan. Nos llama a superar la lógica de la polarización y al trabajo colaborativo que permita, entre otras cosas, el monitoreo y evaluación de impactos conjunto, conforme corresponde en un recurso abierto de esta naturaleza. Eso impactaría positivamente, asimismo, el manejo coordinado de los esfuerzos de conservación de los humedales de la región.
En segundo lugar, es importante resaltar que el fallo fue enfático en cuanto a mantener y no empeorar los impactos ambientales ya causados por las acciones del Gobierno de Nicaragua sobre isla Portillos. Eso implica que el caño abierto no puede ampliarse y que se debe evaluar el impacto que puede causar el potencial aumento en el flujo de agua por esta vía hacia laguna Portillos.
Ya la resolución reconoce soberanía indiscutible sobre el borde este y sur del caño para Costa Rica. Al designar a Costa Rica como el custodio ambiental de la zona de exclusión en isla Portillos, previa autorización del Convenio Ramsar, también abre la posibilidad de que se examine el impacto ambiental en el otro lado del caño. Así, Costa Rica podría solicitar autorización para medidas de mitigación que permitan aminorar al menos algunos de los impactos causados hasta ahora, si bien ha de aceptarse que una restauración completa es casi imposible a corto plazo.
Ahora bien, la custodia ambiental que se le otorga al país tiene dos consideraciones adicionales de importancia desde la perspectiva ambiental. Al considerarse plausible la pertenencia al país de la zona, se permite alguna continuidad al manejo en conservación del humedal. En segundo lugar, la custodia parece una invitación a que Costa Rica evalúe seriamente el impacto que las obras de dragado de Nicaragua en el río San Juan ocasionan al humedal Caribe Noreste. Eso es importante, especialmente por dos razones. En primer lugar, el proyecto de dragado ha sufrido cambios sustanciales desde que se planteó por primera vez. Entre otras cosas, las fotografías de Unosat muestran que lo que se está haciendo no es solamente un dragado, sino una modificación del curso del San Juan haciendo que secciones completas de meandros desaparezcan y que el río fluya en forma recta. Es obvio que se pretende aumentar la cantidad y velocidad del flujo de agua. Si bien La Haya no ordenó detener el dragado, es cierto que no lo hizo por falta de prueba aportada de que el dragado y no la deforestación y construcción del caño tuvieran impactos irreversibles sobre el humedal costarricense. Aquí hace falta otra aclaración importante.
Una de las piezas técnicas probatorias fundamentales para la decisión tomada fue el informe de la Misión de Asesoramiento N. 69. Esa misión evaluó el daño causado y planteó escenarios fundamentalmente en relación con las obras del caño y el depósito de sedimentos en isla Portillos. Sin embargo, no evaluó el impacto de las obras de dragado del San Juan y de acciones como la eliminación de meandros sobre el humedal Caribe Noreste. Parecería, dada la prevalencia que le ha dado el fallo de la CIJ a esta entidad internacional, que procede solicitar una nueva misión de asesoramiento en este sentido.
Así, se puede concluir que desde la perspectiva ambiental la decisión del 8 de marzo representó un avance importante. Sin embargo, se trata de una medida provisional y los aspectos trascendentales quedan para el fallo final, que establecerá la cosa juzgada. La preeminencia reconocida por la CIJ a la labor técnica de Ramsar debería llevarnos a concretar los esfuerzos binacionales de evaluación de impactos y de manejo adecuado de la cuenca conjunta y sus humedales, con la vigilancia y supervisión de esa entidad. El mismo reporte de la Misión 69 mencionó la necesidad de esta tarea.
A ver si dejamos de estarnos culpando los unos a los otros por los impactos generados a la cuenca y realizamos acciones que combinen los esfuerzos de los Gobiernos, autoridades de conservación, ONG, entidades académicas y sociedad civil para la conservación efectiva de dichos humedales en beneficio de todos los costarricenses y nicaraguenses por igual.