En fecha 14 de febrero del 2011, el Gobierno de la República presentó a la ciudadanía la Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social (Polsepaz), que ha generado diversas reacciones.
Desde Mideplán, institución rectora en materia de planificación, se considera necesario aportar criterios para objetivizar el debate, e invitar a los interesados a poner en perspectiva y en agenda las tareas que supone cumplir el fin último al que responde la política.
Política pública. En primera instancia, debe definirse qué es una política pública y en qué contexto se justifica y se asume su formulación. Una política pública es el marco más amplio e integrador de la gestión de un Estado, en relación con un tema específico, que se propone transformar la realidad, a partir de la definición de principios, objetivos, metas y líneas de acción, en correspondencia con las aspiraciones, derechos y posibilidades de la sociedad a la que responde.
Como tal, comprende el actuar de una amplia diversidad de actores, a largo plazo. Supone un consenso social sobre la forma de abordar un problema o necesidad, más allá de los ciclos electorales, dando permanencia, articulación y condiciones básicas de sostenibilidad a los principios que define. Polsepaz se presenta entonces como el marco de referencia para la orientación del trabajo de las instituciones de los tres poderes del Estado –no solo el Ejecutivo–, del sector descentralizado, la sociedad civil organizada, el sector privado, la academia y las comunidades, con un horizonte temporal fijado al 2021.
Se trata de una herramienta de planificación de orden y alcance superior a un plan de gobierno que no puede ni debe equiparse a planes estratégicos ni mucho menos operativos, de un sector institucional o de una institución.
La convocatoria nacional para la formulación de Polsepaz inició en forma casi paralela con esta Administración, como un proyecto de la presidenta de la República, ofertado durante la campaña y en respuesta a la demanda social e institucional, donde cabe mencionar los llamados reiterados de la ciudadanía, de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, que fueron bien resumidos en la Memoria Anual 2009 de la Contraloría General de la República al señalar que en el país no se contaba con “una política integral, coherente, evaluable y sostenible en el sector” (CGR, 2010), carencia que ha repercutido en una dispersión y desarticulación de acciones y recursos, para enfrentar una problemática que se revela cada vez más compleja y urgente.
Compromiso del Gobierno. En ese sentido, el Gobierno se ha comprometido en una doble respuesta, que consiste en atender lo urgente (mediante el quehacer institucional y sectorial en el periodo de gobierno) y la estratégica, que supone un ejercicio de reflexión, consulta, sistematización y planificación, como no se ha tenido nunca en la historia de Costa Rica, y que da como producto la política de seguridad y paz social.
El esfuerzo y el tiempo invertidos para llegar al acuerdo plasmado en una política, han sido muy importantes. Se trata de una tarea que, como bien apuntan los medios, exige un segundo momento: la elaboración de un plan de acción que en lo que compete al Poder Ejecutivo y para este período de Gobierno, ya ha sido diseñado y se está ejecutando. Sin embargo, el plan de acción no se debe agotar ni en esta Administración ni limitarse a la esfera de responsabilidad del Poder Ejecutivo.
La Presidencia de la República contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como gestor del proceso de consulta y sistematización resultado del cual se formuló la política. Esta alianza se concretó con el fin de contar con la experiencia probada de un equipo técnico comprometido con el enfoque de derechos y desarrollo humano, procurando superar la dimensión política o partidista a fin de construir un proyecto de Estado.
El ejercicio se inició casi al mismo tiempo que esta Administración. Esto implicó la oportunidad de que Mideplán, durante la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND), recogiera aquello que se consideró pertinente y viable y lo integrara en las propuestas sectoriales para el cuatrienio (capítulo 5: Seguridad Ciudadana y Paz Social). Habría sido absurdo e inconsecuente, que el PND desconociera semejante ejercicio, y que los actores participantes en la formulación (que coincidían aunque eran superados por aquellos involucrados en la elaboración de Polsepaz) no retroalimentaran las propuestas específicas a incorporar en el PND, con los resultados de la reflexión, diálogo y priorización que se dio en el seno de esta.
POLSEPAZ recoge la estrategia país en materia de seguridad y paz social, y con ello define el actuar para una red de actores mucho mayor y más compleja que el Gobierno central, y es concebida para un plazo de vigencia más amplio, en este caso, un decenio. Desde que se cuenta con una política, se puede adelantar que no habrá sorpresas acerca de la identificación de necesidades, prioridades y líneas de acción para el próximo Gobierno. Previéndose espacios de ajuste y de necesaria retroalimentación a partir de la prueba de la realidad, y reconociendo el margen de maniobra imprescindible para reaccionar a imprevistos, esta es la visión general que guiará la agenda en los próximos años, fuera de los cambios de Gobierno.
El enfoque de la política es además relevante: se conceptualiza el problema de la inseguridad como un asunto de convivencia y desarrollo humano, que requiere una respuesta integral para atender no solamente las manifestaciones del fenómeno, sino también las causas de este. Se reconoce que la inseguridad es el resultado de la articulación de vulnerabilidades específicas entre las que destacan la falta de oportunidades de educación, de recreación, de capacitación y de empleos de calidad, de posibilidades concretas y equitativas de ejercer los derechos sociales, económicos y culturales. Supera, entonces, la tendencia meramente reactiva en el abordaje, convocando a una organización de todos los actores de la nación, para promover la paz y la convivencia armoniosa y respetuosa, y desde ella, contribuir al desarrollo humano sostenible.
Es conveniente insistir en que la discusión y ejecución que supone una política, resulta una práctica relativamente innovadora en el país. Exige madurez y ética a una democracia que procura avanzar hacia una cultura de planificación y evaluación. La tarea seguirá siendo liderada por el Gobierno de la República, un instrumento de política como la Polsepaz nos compromete a que todos y todas demos un aporte concreto a la forma de solucionar el problema que más preocupa a los/as costarricenses