A doña Lucrecia Ugalde la depresión la llevó a la consulta médica y, según afirma, los doctores que la atendieron la embarazaron.
Ugalde conoció a los médicos Henry Ulate Matamoros y Gilberto Álvarez Carvajal, y con ellos engendró un hija y un hijo que hoy viven junto a ella en su casa en Poás de Alajuela.
Ugalde cuenta que afrontó sola y sin ayuda los dos embarazos, y que tuvo que someter a los padres de sus hijos a pruebas de ADN para que reconocieran su paternidad y obtener de ellos una pensión alimentaria.
“Los papás de mis hijos son médicos y personas un poco duros de sentimientos y no nos han brindado la ayuda que realmente ameritamos”, dice, mientras se disculpa por la austeridad de la casa donde vive.
“Ellos vinieron una vez y yo pensé: ‘tal vez viniendo se enteren de cómo estamos y sean más generosos’, pero no” , se lamenta doña Lucrecia Ugalde.
Según el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el hogar de esa madre vive en condiciones de pobreza básica, con un ingreso mensual de ¢61.000 para cada integrante de la casa.
Como ese dinero no les alcanza para cubrir sus necesidades de alimentación, vestido, transporte, salud y estudio, solicitaron la ayuda del programa Avancemos, que les entregó durante el año pasado un total de ¢55.000 por mes para evitar que los dos jóvenes abandonen sus estudios.
La otra cara. Gilberto Álvarez Carvajal, padre del hijo mayor de Ugalde, trabaja como médico en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) donde percibe un salario mensual superior a ¢2,5 millones, tiene inscritos a su nombre una propiedad en Alajuela y cuatro vehículos.
Henry Ulate Matamoros, el papá de la hija, también labora como médico de la CCSS, devenga un salario mensual de ¢2,7 millones, es presidente de dos sociedades anónimas que, a su vez, tienen tres propiedades en Alajuela y Heredia. Es propietario, además, de una motocicleta y dos vehículos.
A ellos se les preguntó: ¿por qué si tienen empleo y suficientes recursos, el Estado debe financiar la educación de sus hijos?
La respuesta que dieron ambos médicos es la misma: que ellos desconocían que sus hijos habían hecho gestiones para recibir fondos del programa Avancemos y que cumplen con el pago de la pensión.
“Lo primero es que yo desconozco que ella (su hija) era beneficiaria de ese programa y en cuanto lo que gano y las cosas que usted me atribuye, las sociedades y esas cosas lo que tienen son deudas. Esas cosas se deben, es como si no existieran”, arguye Henry Ulate.
El médico alajuelense alega que, además de la hija que tuvo con doña Lucrecia Ugalde, tiene siete más, algunos que viven fuera del país a quienes también envía dinero para su manutención.
“Dinero no tengo, tengo ocho hijos y tengo deudas, que es lo que más tengo, dinero no tengo un cinco, ¿verdad? Las sociedades (anónimas que preside y tienen propiedades) existen porque hay que buscar formas para financiarse y tener uno lo que tiene. Lo que tengo son deudas, si pago no me queda nada, solo el título, que ni siquiera está colgado en la pared”, dice Ulate.
Gilberto Álvarez Carvajal también afirma que no sabía que su hijo recibía un subsidio de Avancemos para no dejar sus estudios.
“Cuando me enteré, le dije a doña Lucrecia que él (su hijo) no debería estar en ningún programa de ayudas del gobierno. Yo a ella le paso una pensión e inclusive de forma extraordinaria también le doy otras ayudas. Ella actúa de forma... no ideal”, aduce Álvarez al ser consultado en su oficina de Alajuela.
Al preguntarle si creía que la pensión que aporta (¢130.000 mensuales) alcanzaba para mantener apropiadamente a su hijo, Álvarez manifestó desconocer cuáles eran los gastos y necesidades del joven.
Desde la cocina de una casa en la que se administra la escasez, la madre expresa que la falta de compromiso de los padres de sus hijos le dejó como única opción pedir ayuda al IMAS, que sin ese dinero los jóvenes no podrían asistir al colegio.
“He hablado con ellos (los padres), conocen mi condición, mi salud, todo. Pero, más bien, si ellos pudieran quitarnos la pensión, lo harían”, advierte.
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