“Conforme más escuchamos, hay más dudas”, concluyó la diputada Marielos Alfaro luego de presenciar la confrontación entre Édgar Robles, superintendente de pensiones, y Luis Guillermo López, actuario de la Caja Costarricense de Seguro Social. Los funcionarios comparecieron ante la comisión legislativa presidida por Alfaro para exponer sus diferencias sobre la sostenibilidad del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), en cuya salud confía el país para asegurar la jubilación de sus ancianos.
Compartimos la inquietante conclusión de la diputada y por eso hemos venido insistiendo en la necesidad de no abandonar el tema hasta despejar las dudas. La importancia del régimen de pensiones para la estabilidad y bienestar del país no puede ser sobreestimada y existen indicios de un manejo inapropiado de sus recursos. En meses recientes, las contrataciones de personal, el pago de aguinaldos con reservas del fondo, la participación del régimen en el Plan Escudo y la posible inversión de los recursos por medio del Banco Mundial despertaron polémicas cuya resolución no siempre dejó la impresión de transparencia.
Esos no son los asuntos de fondo, pero sí tiene importancia y siembran duda sobre la operación del sistema en general. El tema de fondo es el diseño del régimen y su capacidad de subsistir. La Caja asegura la sostenibilidad del sistema hasta el 2037, pero la Superintendencia de Pensiones no está convencida. Robles levantó ante los diputados el tono de la polémica y acusó a la Caja de “maquillar” las cifras para crear la ilusión de un régimen sostenible. Es un cargo grave formulado por un funcionario de alta jerarquía y conocimiento especializado. Razón de más para no quedarnos con la duda.
Robles reiteró sus críticas a los fundamentos del régimen y los supuestos utilizados por la Caja para hacer sus proyecciones. Ilustró su dicho con ejemplos concretos. Un trabajador promedio, explicó, acumula cotizaciones por ¢23,9 millones, pero en su condición de pensionado recibe más de ¢41 millones, dada la edad de retiro establecida y la expectativa de vida existente. El aporte durante la vida laboral representa, entonces, un 58,4% del beneficio recibido en el curso de la jubilación.
El funcionario también mostró alarma por el incremento de 119% en la afiliación de trabajadores independientes durante los últimos cinco años y denunció la existencia de perversos incentivos otorgados por el sistema a este tipo de afiliación. La pertenencia al régimen de seguridad social como trabajador independiente es mucho más barata.
La confrontación entre la Caja y la Superintendencia trasciende el desacuerdo sobre las proyecciones y los supuestos técnicos del análisis. Tiene también una dimensión política, relacionada con las potestades de la Supén para ejercer vigilancia sobre el IVM. Las objeciones de la Caja han dificultado el acceso a la información por parte de la Supén, según Robles.
Por eso es importante la intervención de los diputados, que ya ha conseguido revelar, o cuando menos ventilar, inquietantes aspectos del régimen de pensiones. Los legisladores no deben cejar en el empeño, habida cuenta de la importancia del tema. La Caja, por su parte, debe mostrarse más flexible y diligente en la satisfacción de las peticiones de información.
Las conclusiones, si la Supén tiene razón, pueden conducir a decisiones dolorosas y sensibles para la política y la economía, pero es mejor saberlo cuanto antes, porque las medidas correctivas son mucho más onerosas cuando se aplican al borde la crisis. Muchos países, entre ellos algunos del mundo industrializado, se han visto en apuros cuando la realidad les reveló debilidades en el diseño de sus regímenes de pensiones. Costa Rica debe asegurarse de no engrosar la lista.