Desprecio por la verdad, irrespeto a la institucionalidad democrática, y doble moral. Son síntomas del brote de patología política que se ha manifestado de modo más agudo en los últimos días.
Estos son los hechos: tras recibir una citación para comparecer ante el Ministerio Público, el exministro de la Presidencia Rodrigo Arias llamó al ministro de Seguridad Pública, José María Tijerino, y, según confesó espontáneamente este último, le preguntó: “¿Usted tiene confianza con (el fiscal general) Jorge Chavarría?”. El ministro Tijerino afirmó haber llamado a la fiscala Emilia Navas para indagar sobre las razones de esa convocatoria. Dos horas después de que Rodrigo Arias recibiera la citación de la Fiscalía, Jorge Chavarría, aún sin asumir sus funciones como fiscal general, acordó con la entonces fiscala general interina, Lilliam Gómez, dejar sin efecto la indagatoria a Rodrigo Arias. La fiscala Emilia Navas cuestionó que Chavarría acordara tal decisión sin haber asumido su cargo de fiscal, pero esto no fue óbice para que se acatara lo decidido.
Tras las recientes publicaciones de La Nación sobre este caso, se hace manifiesto cuán poco respeto tienen algunos funcionarios públicos por las instituciones de la República.
Contradicciones. En primer lugar, las entrevistas publicadas revelan flagrantes contradicciones por parte de estos funcionarios. Consultado por este diario sobre las razones que lo motivaron a llamar al ministro de Seguridad, Rodrigo Arias negó en primera instancia haber hecho esa llamada , la cual había confirmado el ministro Tijerino. Por su parte, el fiscal Chavarría negó haber acordado aplazar la indagatoria que la Fiscalía había fijado para Arias. Minutos después, el fiscal Chavarría cambiaba su versión y sí admitía haber tomado tal decisión, porque, según su expresión “(le) dicen que sí existe” la nota escrita que lo confirma. Este tipo de contradicciones no pueden sino despertar una legítima suspicacia.
“¿Usted tiene confianza con Jorge Chavarría?”. La expresión empleada por Arias según Tijerino también es reveladora. A veces las preguntas ingenuas no están de más: ¿“confianza” para qué? ¿Por qué buscaría un político la “confianza” de un funcionario del poder judicial?
Durante las horas que transcurrieron después de la publicación, asistimos al triste espectáculo de la doble moral de políticos y funcionarios públicos, tan prestos en condenar el comportamiento ajeno en nombre de la ética, como dispuestos a disculpar, sin más, su propia conducta. En efecto, el ministro de Seguridad Pública juzga “impropio, absolutamente, de un fiscal en ejercicio que uno que todavía no ha asumido el cargo le dé órdenes”, y, sin embargo, no le parece impropio, teniendo la investidura de ministro de Seguridad, el haber llamado a una funcionaria del Poder Judicial, ante el pedido de un político.
El fiscal Chavarría, por su lado, estima que “desde el punto de vista ético (') don José María (Tijerino) actuó un poco a la ligera” , pero no considera que frenar una indagatoria por peculado antes de asumir sus funciones sea actuar “a la ligera”.
Rodrigo Arias responde a las críticas y pontifica en Facebook: “Tal y como lo prometió Nuestro Señor Jesús, la verdad siempre nos hará libres. Vivimos en país con un Poder Judicial independiente, al cual yo como ciudadano siempre he respetado y respeto profundamente(') busquen mejores armas en el arsenal de la política y el periodismo; las hay nobles como la dignidad, el respeto, la objetividad y la decencia”. Sabemos lo que significan las palabras dignidad, respeto y decencia en la pluma de Rodrigo Arias; al ver su actuación, entendemos el sentido que le da al respeto por la independencia del Poder Judicial.
Frente a lo que configura, según representantes de la oposición , un posible caso de “tráfico de influencias”, la presidenta Chinchilla respalda las actuaciones de su ministro , mientras que la jefa de fracción del PLN, Viviana Martín, considera “normal” la actuación de Rodrigo Arias. Estamos, así, frente a la política de la insignificancia, la que banaliza la gravedad de los hechos y minimiza así su trascendencia –del mismo modo como se han banalizado las denuncias por abuso sexual en el Ministerio de Seguridad Pública–. Si para nuestros representantes el aparente irrespeto a la separación de poderes no significa nada, ni merece mayor importancia, entonces, ¿qué será de nuestro Estado de derecho?